Por María Ester Romero. La Justicia Federal de Córdoba investiga a uno de los principales operadores bursátiles del país por encabezar una financiera presuntamente ilegal que actuó desde 2016 en diferentes sedes de la city local. Se trata de Aníbal Casas Arregui, quien fue detenido ayer en el aeropuerto Córdoba cuando aterrizó un vuelo procedente de Miami.
La noticia, anticipada esta mañana por Punto a Punto y replicada por Perfil CÓRDOBA, causó un fuerte impacto en el mundo financiero y en el empresariado.
El jueves de la semana pasada, el juez federal N°3, Hugo Vaca Narvaja había ejecutado más de 20 allanamientos en diferentes domicilios y oficinas de esta Capital, que incluyó el edificio Córdoba Business Tower donde Casas Arregui tiene sus oficinas, como titular de S&C Inversiones.
Sin embargo, la operatoria investigada, habría hecho base en oficinas localizadas en otro edificio del centro, en calle 25 de Mayo al 200.
En el expediente hay otro detenido: Jerónimo Pascual Clementi, imputado junto a Casas Arregui como jefe de una presunta asociación ilícita.
Según la investigación que conduce el fiscal federal, Carlos Casas Nóblega, la financiera ilegal habría comenzado a funcionar hace ocho años detrás de una pantalla societaria: la firma KBE Inversiones, cuyos socios serían la esposa de Casas Arregui, Claudia Marcela Farah y su suegro Luis Alberto Farah. Al menos así figuran en los documentos.
Inicialmente, KBE Inversiones tuvo el mismo domicilio declarado de «S&C Inversiones Sociedad de Bolsa SA.
Operatorias bajo la lupa
Según pudo conocer este medio, habrían captado fondos de terceros, en pesos y dólares, a cambio de determinadas tasas de interés, según el caso. Las sumas absorbidas de ese modo ingresaban, luego, a un amplio menú de operaciones financieras, generando un circuito propio que se retroalimentaba.
Así habrían podido ofrecer préstamos, descuentos de cheques, maniobras de cable financiero desde y hacia el exterior, “compensación cruzada” entre financieras dentro del país, compraventa de moneda extranjera.
El dinero efectivo obtenido a través de operaciones de descuento de cheques era depositado en cuentas de los bancos Roela e Industrial.
Cuando operaban en el exterior, habrían utilizado cuentas sin declarar radicadas en Puerto Rico, Suiza y Estados Unidos, que figuraban bajo la titularidad de terceras personas o sociedades off shore.
La gestión directa con los clientes habría estado a cargo de Clementi y Arregui.
También se investiga si se configura el delito de lavado de activos por la obtención de ganancias de forma irregular que luego eran volcadas al circuito financiero de diferentes maneras.
Qué roles habrían tenido
El mayor peso de la acusación formulada por la Fiscalía recae sobre Casas Arregui y Clementi -los únicos detenidos- quienes están imputados como jefes de la presunta asociación ilícita. Esta mañana comenzaron las indagatorias en el Juzgado de Vaca Narvaja
También se encuentra imputado Adrián Santiago Carrara, como miembro de la organización. Habría sido el encargado de adquirir propiedades, realizar tratativas comerciales, constituir sociedades, hacer gestiones notarial y trámites burocráticos.
Lo que se procura establecer es si todas esas acciones tenían como objetivo evitar la trazabilidad de los fondos provenientes de las operatorias sospechadas.
En total hay 11 personas imputadas. Además de Casas Arregui, Clementi y Carrara, la lista se integra por: Lucas Tomás Casas Arregui, Andrea Natalia Sancassani, Luis Alberto Farah, Claudia Marcela Farah, Eduardo Andrés Sancassani, Emiliano Gabriel Sandoval, Carlos César Galeano y Marco Antonio Palacio.
La investigación recién se pone en marcha. Con las indagatorias, todos los imputados y sus defensores podrán acceder al expediente y la prueba reunida y realizar sus descargos.
También se analizará el material secuestrado en los procedimientos que aún debe ser procesado.
