Una regla no escrita en la política explica que, en nuestro país, los años pares suelen ser de cierta austeridad y mayor probabilidad para encarar medidas de ajuste y control en los gastos de los distintos niveles del estado. Y en contrapartida, los años impares son los de mayor expansión y despliegue de recursos. Quienes tienen cierta debilidad por pensar mal de la política, suelen encontrar fuertes coincidencias entre los períodos de mayor despliegue del gasto y la inversión con las grillas y distintos cronogramas electorales.
Así, se consolidaron conceptos como ‘el voto cemento’, para acompañar la idea de que los electores son (somos) sensibles al desarrollo de las obras que ejecutan los gobernantes. E incluso en las últimas elecciones al llamado voto cemento le surgió un competidor, ‘el voto bolsillo’, que da cuenta de la degradación en las expectativas y preferencias del electorado, que muy probablemente tenga otras prioridades antes que reclamar, evaluar o conformarse por la llegada de una obra a su ciudad.
Como sea, las referencias históricas recientes dan cuenta que, indudablemente, en los años impares —de compulsa electoral— los desembolsos destinados para la obra pública crecen considerablemente. Un escenario que puede modificarse en el corto plazo, en el que las restricciones externas y el nivel de endeudamiento del país exigen avanzar en el recorte de gastos y en la reducción del déficit fiscal pactado con el FMI.
“Esta vez nos va a tocar a nosotros. El gobierno tiene que seguir recortando gastos si quiere que el FMI le siga girando fondos. Los gobernadores están negociando fuerte en eso, porque el recorte en obra pública también les afecta. Pero es muy difícil que se evite. El ajuste político tiene poco impacto y nunca lo hicieron. El grueso son gastos de seguridad social, jubilaciones y planes sociales. Eso no lo van a tocar”, remarcó un empresario de la obra pública en un encuentro privado con colegas.
En esa misma reunión, en la que participaron algunos miembros de la prensa, otro empresario detalló: “Puede bajar un poco el gasto en energía, pero nosotros ya hicimos consultas internas. El gasoducto Néstor Kirchner va a estar para principios o mediados de 2024, o sea, el invierno de 2023 vamos a tener que importar de nuevo. Y a eso hay que sumarle las malas previsiones para el campo el año que viene. No vamos a tener esta producción si la sequía pega como se espera. Todo indica que el ajuste va a estar en la obra pública”.
En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, un referente local del sector acercó una planilla aclaratoria: “Cuando quieren confundir y decir que la obra pública está firme salen a mostrar los despachos de cemento. Pero el cemento lo consume la obra pública y también la obra privada. Hay un insumo más esclarecedor de lo que pasa: el asfalto. La mitad de la obra pública del país es vial. Es decir, caminos, rutas, autopistas, calles, que demandan asfalto. Y esa demanda está cayendo fuerte desde agosto de este año”.
Al calor de ciertos datos, como este último, y de un escenario de ajuste en el horizonte inmediato, es que se prendieron varias luces de alarma en el sector.
El tema llegó incluso a plantearse públicamente. La posta la tomaron los directivos de la Cámara de la Construcción Argentina, Delegación Córdoba, que en la 9a Jornada de Infraestructura pusieron foco en dos elementos: que el ajuste de la Nación ya se vislumbra con la subejecución de partidas para la obra pública y que el impacto de una inflación acelerada sumado a las complicaciones para importar maquinaria generan un cóctel corrosivo hacia adentro de las finanzas de las empresas.
“Tenemos una inflación descontrolada, falta de insumos y materiales, aumentos incesantes de los mismos, modificaciones en las condiciones de comercialización, incrementos de los costos financieros, lo que puso a muchas contratistas en una situación límite. En la obra pública nacional siguen subejecutándose los presupuestos, profundizando un freno en los gastos de capital. En esa línea de ajuste fiscal se profundizaron las injustificadas demoras en las certificaciones y pagos en las redeterminaciones, en momentos en que por la alta inflación eso constituye una pérdida sustancial para el contratista. En el último trimestre, esta situación se ha agudizado”, planteó Luis Lumello, presidente de la entidad.
—¿Imaginan un buen 2023 al ser electoral o será un año atípico para la obra pública?
—No, no. Estimo que, al menos a nivel nacional, no lo va a ser. Si ya están subejecutando obras y pisando presupuestos para parar los gastos. Ahora todo tiene que pasar a Economía, y Economía te define trimestralmente qué presupuesto vos podés gastar en obras; es un tema muy complicado, tiene que estar muy bien calibrado porque si no ahí se producen los grandes desfases y empiezan las deudas que quedan en el aire.
—¿Tienen una estimación de cómo puede ser ese ajuste?
—No, porque hay una contradicción entre lo que dice el gobierno y después lo que hace en la realidad. El año pasado dijeron que este iba a ser el año de mayor obra pública y hoy nos encontramos con subejecución presupuestaria y retraso en el pago de certificados. Hay una contradicción importante entre anuncio y realidad, entonces no podemos estimar la baja en la inversión en obra pública. Este año la inversión iba a ser el 1,2% sobre el PBI, pero va a estar por debajo. Todo indica que van a seguir ajustando, si hay sectores como la salud o la educación que ha perdido participación en la distribución, no queda duda que la obra pública, que ha sido siempre la variable de ajuste, lo va a sufrir.
