El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró al menos 717 casos de conflictividad laboral entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026, en los primeros dos años del gobierno de Javier Milei. El informe, basado en una base de datos propia construida a partir del seguimiento de medios y sitios sindicales, advierte un recrudecimiento de los conflictos tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 y ubica a Córdoba entre las provincias con mayor nivel de casos.
Córdoba, entre las provincias con más conflictos
Según el relevamiento, la región centro del país concentró el 48% de los conflictos laborales registrados en el período analizado. Dentro de ese bloque, Córdoba explicó el 6% de los casos a nivel nacional, detrás de Buenos Aires (25,8%) y Santa Fe (10,5%), pero por encima de CABA (5,7%) y Entre Ríos (3,3%).
El escenario se intensificó luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. En el tramo comprendido entre esa fecha y febrero de 2026, Córdoba pasó a representar el 7,1% de los conflictos del país, ubicándose entre las cinco jurisdicciones con mayor conflictividad, junto a Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe y Misiones.
CEPA remarca que, si bien se registraron conflictos en las 24 jurisdicciones del país, “gran parte de la zona centro acaparó casi la mitad de los casos”, reflejando el peso industrial y productivo de esa región.
Industria y pymes, el epicentro
A nivel nacional, el sector más afectado fue la Industria, que concentró el 62,1% de los casos en el período enero 2024–febrero 2026. Las ramas más comprometidas fueron la textil, alimentos y la metalurgia y siderurgia, en un contexto que el informe vincula con la apertura importadora y la caída de la actividad.
Dado el perfil productivo de Córdoba —con fuerte presencia metalmecánica, automotriz y alimenticia— estos datos impactan directamente en el entramado local. Tras las elecciones de octubre de 2025, la participación de la Industria en los conflictos trepó al 67,1%, seguida por Comercio (14,3%) y Servicios (11,9%).
En cuanto al tipo de empresa, las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos en los dos años analizados, porcentaje que se elevó a 39,5% en el período posterior a las legislativas. Les siguieron los conglomerados extranjeros (27,3% en el total del período y 29,5% tras octubre de 2025), muchas veces vinculados —según CEPA— a procesos de importación en reemplazo de producción local o a despidos frente a la caída del consumo.
Despidos, la principal causa
El informe señala que el 63,6% de los conflictos en los primeros dos años de gestión estuvieron motivados por despidos. En segundo lugar se ubicaron los cierres de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las crisis empresarias (7,8%).
CEPA contextualiza estos datos con la pérdida de 272.607 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Después de octubre de 2025, la dinámica cambió en su composición pero no en su intensidad. Si entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se habían contabilizado 507 conflictos (un promedio de 24 por mes), tras las elecciones el promedio mensual saltó a 42 casos, totalizando 210 conflictos adicionales hasta febrero de 2026.
En ese último tramo, los despidos explicaron el 35,2% de los casos, pero crecieron con fuerza los cierres (21,9%) y las crisis empresarias (20,5%), lo que —según el informe— “da cuenta de un escenario de mayor fragilidad estructural en las unidades productivas”.
Capital nacional y concentración regional
Otro dato relevante es que el 71,5% de los conflictos involucró a empresas de capital nacional, mientras que el 27,2% correspondió a firmas extranjeras. Tras las elecciones, el predominio del capital nacional se mantuvo en el 69% de los casos.
Para Córdoba, donde el entramado productivo combina pymes locales con filiales de multinacionales industriales, esta composición resulta significativa: la mayor parte de los conflictos se dio en empresas nacionales, aunque el peso de conglomerados extranjeros también fue relevante.
En síntesis, el informe de CEPA muestra que la conflictividad laboral no solo se mantuvo elevada en los primeros dos años de la gestión de Milei, sino que se intensificó tras el último turno electoral. En ese mapa, Córdoba aparece como uno de los focos centrales del conflicto, en línea con su perfil industrial y el impacto de la retracción económica sobre pymes y sectores manufactureros.
