La disputa por el financiamiento para el aumento a las jubilaciones y al sostenimiento de programas de discapacidad, que tuvo una batalla central en el Senado con una derrota para el oficialismo sigue sumando capítulos.
Y es que desde el sector privado, parte del sistema financiero salió a advertir que una de las bocas para el financiamiento del incremento en el gasto fiscal serían aportes que soportan el funcionamiento de las SGR, es decir las sociedades que se usan para avalar créditos y deudas que toman las empresas, principalmente pymes.
En un comunicado difundido ayer, las bolsas de Comercio de Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Corrientes, junto al Mercado Argentino de Valores, A3, BYMA y Caja de Valores expresaron: «su profunda preocupación y enérgico rechazo a la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), aprobada por el Congreso Nacional el pasado 10 de julio. Esta medida implica un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para acceder al financiamiento formal, tanto bancario como bursátil».
En esa línea argumentaron que «Las SGR cumplen un rol irremplazable en el desarrollo productivo argentino: han asistido a más de 100.000 MiPyMEs en todas las provincias, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo. Este cambio realizado sin debate ni consultas no sólo aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las Pyme, sino que también desarma un esquema público-privado de muchos años que ha demostrado eficiencia, compromiso patrimonial y un impacto positivo en la recaudación tributaria. El supuesto “costo fiscal” que se intenta justificar es mínimo —apenas el 0,02% del PBI— frente a los beneficios económicos y sociales que el sistema genera.
Y detallan que «el crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino, muy lejos de lo se observa en aquellos países contra los cuales competimos. Este ratio sería aún menor de no existir las SGR, que han sido uno de los puentes fundamentales para que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y sostener el empleo formal. La decisión legislativa representa un serio retroceso en materia de financiamiento productivo. Exhortamos a que se modifique esta situación antes de que se generen daños irreparables en un gran sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas».
Para Aníbal Casas Arregui, directivo de la Bolsa de Comercio de Córdoba y titular de la Alyc S&C la eliminación del beneficio impositivo para los aportes que realizan los Socios Protectores a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) tiene un impacto directo y negativo.
«En la práctica, significa desarmar un sistema que ha sido clave para facilitar el acceso al crédito de las PyMEs. Suprimir este incentivo desincentiva los aportes privados, lo que reducirá inmediatamente el volumen de garantías disponibles y, por ende, el crédito para las pequeñas y medianas empresas. Todo esto ocurre en un contexto económico que ya es complejo y en el que muchas firmas necesitan financiamiento para sostenerse o crecer. Las consecuencias son previsibles: menos crédito, más morosidad, mayor riesgo para el sistema y un nuevo freno para aquellas PyMEs que están empezando a reactivarse», exoresó.
