Mientras los municipios del interior absorben cada vez más responsabilidades sin recursos equivalentes, la intendenta de Anisacate, Natalia Contini, plantea un reclamo concreto: la necesidad de que regresen los fondos nacionales y provinciales para infraestructura estructural. “Si con tasas municipales estás haciendo salud, educación y seguridad, significa que se podía hacer antes también”, reflexiona, en una definición que combina autocrítica al sistema y presión hacia los otros niveles del Estado.
En su paso por el programa «Es por Acá» por Radio 80.7, la jefa comunal sostiene que el municipio se ha convertido en la “primera puerta” de todos los reclamos ciudadanos, aun cuando muchas de esas competencias exceden su órbita formal. Seguridad, mantenimiento escolar, refuerzo sanitario y obras públicas son hoy parte de una agenda que, afirma, se financia casi exclusivamente con recursos propios.
Contini describe un escenario de descentralización de hecho: los intendentes deben responder por problemas que históricamente eran provinciales o nacionales. En seguridad, por ejemplo, el municipio paga adicionales policiales los siete días de la semana y cedió un edificio para una nueva comisaría, cuya habilitación aún depende de trámites del Ministerio de Seguridad.
En educación, el Ejecutivo local sostiene infraestructura de escuelas primarias ante la falta de respuestas provinciales. En salud, refuerza la atención primaria para cubrir falencias de niveles superiores. Y en materia de obra pública, el recorte de transferencias obligó a financiar mejoras con tasas originalmente destinadas a servicios básicos como barrido y limpieza.
En ese marco, la intendenta insiste en que la discusión de la obra pública no puede quedar reducida a un debate ideológico. “Hay infraestructura que un municipio no puede afrontar solo”, advierte, al tiempo que reclama reglas claras y asignación de recursos sin sesgos políticos.
“Agua antes que asfalto”
La administración local definió un orden de prioridades estricto: antes de cualquier obra estética o de pavimentación, la meta es alcanzar el “agua 100%” en todo el ejido. “No vamos a poner un adoquín si todavía hay vecinos sin agua potable”, resume Contini.
El criterio responde a un diagnóstico de necesidades básicas insatisfechas en una localidad que creció con fuerte impulso inmobiliario en los últimos años. En ese sentido, el municipio reformuló su relación con desarrolladores privados mediante un Plan de Ordenamiento Territorial que exige infraestructura mínima obligatoria —agua, luz y calles— antes de comercializar lotes. “El Estado no puede seguir asumiendo costos que son del privado”, enfatiza.
También se gestionan mejoras ante Vialidad Nacional para la Ruta 5, con pedidos de guardarraíles, repavimentación de conectores y futura semaforización en zonas escolares.
Reforma fiscal y “tasa cero”
En paralelo al reclamo por mayor inversión en infraestructura, la gestión avanzó en una reforma tributaria local. Se eliminaron derechos de oficina y cargos considerados innecesarios, y se implementó la habilitación comercial a costo cero, tanto para nuevas aperturas como para bajas.
Contini sostiene que la decisión busca aliviar al comerciante y diferenciar entre municipios que usan las tasas para sostener servicios y aquellos que, según su mirada crítica, las utilizaron históricamente para engrosar arcas sin transparencia.
La intendenta reivindica un perfil “outsider”, sin trayectoria previa en cargos públicos, y define su estilo como “gestión de calle”: asegura que el 99% de su tiempo transcurre en territorio y que las redes sociales y su teléfono personal son herramientas centrales para eliminar intermediarios en la comunicación con los vecinos.
El conflicto con la cooperativa
Uno de los puntos más controvertidos de la gestión fue la decisión de no renovar un convenio firmado en 2007 con la cooperativa eléctrica local, que otorgaba exenciones impositivas totales. Según Contini, el acuerdo no pasó por el Concejo Deliberante ni fue publicado en el Boletín Oficial.
El municipio sostiene que, mientras la cooperativa crecía y ampliaba su base de asociados, la comuna acumulaba deudas energéticas que no se compensaban adecuadamente con el descuento del 27% en alumbrado público. Actualmente, la entidad tributa como cualquier actividad comercial, en medio de reclamos por supuesta inconstitucionalidad.
Turismo austero en un contexto difícil
En términos económicos, la temporada de verano reflejó la coyuntura nacional. Con un perfil orientado a la naturaleza —río, senderos, cabañas y campings—, la ocupación fue inestable, entre el 60% y 70%, con un pico del 100% durante el feriado de Carnaval. Las reservas fueron mayormente de último momento y con estadías más cortas, priorizando actividades gratuitas y ferias de artesanos.
Alineamientos y reclamos
En el plano político, Contini expresa una alineación ideológica con La Libertad Avanza y respaldo a las políticas del presidente Javier Milei, bajo la premisa de que los intendentes deben gestionar con eficiencia propia.
Al mismo tiempo, mantiene diálogo institucional con el gobernador Martín Llaryora, a quien le exige que la asignación de obras no esté condicionada por pertenencias partidarias y que se restituyan fondos para infraestructura mayor, como escuelas y rutas.
El mensaje final combina autonomía y reclamo: los municipios pueden mejorar la eficiencia y ordenar sus cuentas, pero sin financiamiento estructural resulta inviable sostener en el tiempo la expansión de responsabilidades. En palabras de la intendenta, la discusión no es solo de gestión, sino de modelo de Estado y de cómo se distribuyen —o se retiran— los recursos para la obra pública en el interior.
