El deterioro laboral volvió a profundizarse en Córdoba durante los primeros meses de 2026. Según datos del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, creció la cantidad de empleados alcanzados por procedimientos preventivos de crisis (PPC), aumentaron los conflictos individuales y también se incrementaron los acuerdos de desvinculación gestionados fuera de la Justicia laboral.
De acuerdo a los registros oficiales, el número de trabajadores afectados por PPC pasó de 3.330 en enero a 6.006 en mayo —al 8 del mes—, lo que representa una suba cercana al 80%. Se trata de empleados suspendidos o con reducción de jornada laboral y cobro parcial de salarios, generalmente entre el 50% y el 75% del sueldo habitual.
Los procedimientos preventivos de crisis son herramientas previstas por ley que permiten a las empresas negociar suspensiones o condiciones especiales con los sindicatos bajo supervisión estatal para evitar despidos masivos. Suelen extenderse por tres meses, con posibilidad de renovación hasta un año.
Desde el Ministerio señalaron que, tras una desaceleración parcial durante gran parte de 2025, “hacia finales de ese año y comienzos de 2026 vuelve a observarse una reactivación de los indicadores de riesgo laboral y suspensiones”.
Además del crecimiento en cantidad de trabajadores afectados, también aumentó el número de firmas involucradas: las empresas con PPC vigentes pasaron de 34 en enero a 40 en mayo, mientras otras 17 solicitudes permanecen en trámite.
Industria automotriz y vigilancia, entre los sectores más afectados
La mayor concentración de casos continúa registrándose en Córdoba Capital, aunque el Ministerio advirtió que el deterioro también empieza a extenderse hacia localidades del interior con fuerte presencia industrial.
Entre las actividades más golpeadas aparecen las terminales automotrices y una planta autopartista ubicada en San Francisco, cuyos expedientes alcanzan a cerca de 3.000 trabajadores, es decir, la mitad del total provincial afectado por PPC.
En estos casos, los acuerdos contemplan suspensiones con pagos no remunerativos que rondan entre el 65% y el 75% del salario neto.
Otro de los sectores con alta conflictividad es el de seguridad privada. Cerca de diez empresas atraviesan procedimientos de crisis que impactan sobre unos 2.000 empleados. Allí, los convenios suelen establecer el pago del 75% de los haberes durante los períodos de inactividad.
También se registran dificultades en metalúrgicas, plásticos y empresas madereras. Según detalló la cartera laboral, varias firmas atribuyen la crisis a la caída de ventas y a la apertura de importaciones, mientras algunas compañías ya iniciaron procesos de cierre.
Salud, comercio y casas particulares: los focos de mayor conflicto individual
Además de los conflictos colectivos, la Secretaría de Trabajo registra un aumento sostenido de reclamos individuales y acuerdos espontáneos entre trabajadores y empleadores.
En lo que va del año ingresaron 2.534 acuerdos espontáneos, un 9,6% más que en el mismo período de 2025. En Córdoba capital, el incremento fue aún mayor y alcanzó el 12,3%.
Casi el 80% de esos acuerdos corresponde a desvinculaciones de mutuo acuerdo, mientras que otro 8,7% son despidos sin causa. También aparecen renuncias, despidos indirectos y otras formas de resolución laboral.
Desde el Ministerio vinculan parte de este fenómeno a la reforma laboral aprobada en febrero y vigente desde marzo, que otorgó a los acuerdos rubricados en Trabajo carácter de “cosa juzgada”, reduciendo la judicialización de los conflictos.
En paralelo, crecieron las denuncias laborales individuales. Hasta mayo se registraron 937 casos, un 24,6% más que en igual período de 2025. Las trabajadoras de casas particulares y empleados de comercio concentran la mayor parte de esos reclamos.
Entre los sectores con mayores problemas aparecen clínicas privadas con dificultades para afrontar salarios y aguinaldos, empresas de neumáticos con caída de actividad y compañías metalúrgicas afectadas por importaciones.
Preocupación por el empleo formal
Para el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, las empresas todavía muestran voluntad de sostener sus planteles pese al contexto adverso. “Lo vemos de manera directa, y también la voluntad de los sindicatos de colaborar con el objetivo común de proteger las fuentes de trabajo”, sostuvo.
Sin embargo, el escenario general sigue siendo preocupante. Según datos oficiales, Córdoba perdió desde fines de 2023 alrededor de 3.971 empresas y unos 14.600 puestos de trabajo formales.
En ese contexto, los procedimientos preventivos de crisis se consolidan como uno de los principales termómetros del deterioro del empleo registrado y de mayor calidad en la provincia.
