El sistema de salud argentino atraviesa un momento crítico. Mientras el Gobierno implementó en 2025 cambios estructurales, como el fin de la «derivación de aportes» y la competencia directa entre obras sociales y prepagas, un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advierte que estas medidas son insuficientes. El diagnóstico es lapidario: el sistema, bajo el modelo actual, está colapsado financieramente.
Números que no cierran
El corazón del problema reside en una brecha insalvable entre ingresos y costos. Según datos de la recaudación de ARCA (ex-AFIP), el recurso per cápita promedio del sistema es de $67.525 mensuales. Sin embargo, se estima que el costo real del Programa Médico Obligatorio (PMO) asciende a $85.000.
La situación se agrava al considerar que el 67% de los afiliados aporta por debajo del promedio. A este grupo se suman cerca de 2 millones de monotributistas, cuyos aportes apenas alcanzan los $22.000 mensuales, un monto que está lejos de cubrir la canasta básica de prestaciones médicas.
Una estructura viciada: la «doble demagogia»
Desde IDESA definen esta crisis como producto de una «doble demagogia» que ha desvirtuado el propósito original del PMO, creado en 1996 como una lista de prestaciones básicas:
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Ampliación sin financiamiento: A lo largo de los años, leyes y sentencias judiciales han sumado al PMO prestaciones no médicas (salud mental, adicciones, discapacidad) y nuevas tecnologías sin prever una fuente de recursos.
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Inclusión deficitaria: La integración masiva de monotributistas al sistema sin una compensación adecuada ha generado un desequilibrio estructural que las obras sociales no pueden absorber.
Incluso la CGT, a través de su reciente «Informe de Situación de Obras Sociales», admite esta crisis sistémica, denunciando además una gestión arbitraria de los fondos que deberían servir de salvavidas para los sectores más vulnerables.
El camino hacia la solución
Para los especialistas de IDESA, la salida requiere una reingeniería urgente que aleje al sistema de la demagogia política y lo acerque a la solvencia técnica. Las propuestas principales son:
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Ordenamiento del PMO: Restablecer el programa a su esencia: prestaciones médicas básicas y convencionales. Los servicios sociales (discapacidad, adicciones, geriatría) deben ser gestionados por los organismos estatales competentes (como la Secretaría Nacional de Discapacidad o la Sedronar) y no por un sistema de salud que no tiene capacidad de financiarlos.
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Evaluación basada en evidencia: Que toda innovación médica sea evaluada por la CONETEC bajo criterios de costo-efectividad antes de ser incluida.
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Fondo Solidario de Redistribución (FSR): Utilizar el 100% de estos recursos para elevar los aportes per cápita de las familias de menores ingresos, eliminando la discrecionalidad en la asignación de subsidios que, según la propia central obrera, ha sido la norma hasta ahora.
«Para salir de esta profunda crisis es imprescindible que las promesas se alineen con el financiamiento disponible», concluye el informe. El desafío parece ser, finalmente, la transición de un sistema de salud que intenta abarcar todo sin recursos, hacia uno capaz de garantizar la calidad y la sostenibilidad de las prestaciones esenciales.
