La directora del Régimen de Sociedades de Garantías Recíprocas del Ministerio de Economía, Pilar Vázquez, analizó en Córdoba, la relevancia del sistema para potenciar el crédito a las pymes y explicó cómo el reciente veto presidencial a una ley que recortaba beneficios fiscales evitó un golpe al esquema de financiamiento.
En un contexto económico desafiante para las pequeñas y medianas empresas argentinas, las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) se han consolidado como un actor central para facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones de financiamiento. Así lo subrayó Pilar Vázquez, directora del Régimen de SGR del Ministerio de Economía de la Nación, en diálogo con Punto a Punto.
“Las SGR son entidades que dan garantías. Y las garantías son fundamentales para conseguir crédito para el financiamiento de las pymes”, explicó Vázquez. El sistema, creado en 1995 con la sanción de la Ley Pyme, ha tenido un desarrollo sostenido en las últimas tres décadas. Según la funcionaria, lo que distingue a esta herramienta es su plasticidad: “Sirve tanto para una pyme que está arrancando, como una startup, como para una empresa robusta que ya emitió ON, tiene calificación de varios bancos y aun así puede mejorar plazos, tasas y montos gracias a una garantía”.
Números récord y espacio para crecer
Hoy el sistema alcanza a unas 43.000 pymes vigentes en todo el país, con un volumen de garantías que suma 3 billones de pesos de riesgo vivo. “Existe capacidad para llegar a 4 billones, porque el sistema permite apalancar hasta cuatro veces los fondos de riesgo disponibles”, detalló Vázquez.
El financiamiento se articula también con el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), que “trabaja en conjunto con las SGR coavalando operaciones, lo que permite llegar a más pymes y disponer de más recursos para respaldar sus créditos”. Actualmente, el FOGAR tiene $400.000 millones disponibles para ese fin.
Sin embargo, la penetración del sistema aún es baja si se compara con la cantidad de empresas activas. En Córdoba, por ejemplo, sobre 57.000 establecimientos productivos, apenas 5.000 cuentan con avales de una SGR. Y solo 500 aplican esa herramienta para proyectos exportadores. “Eso muestra el terreno enorme que todavía hay para crecer”, enfatizó Vázquez.
Inversión privada con beneficios fiscales
El fondeo de las SGR proviene en gran parte de aportes privados, como bancos, bolsas de comercio o inversores institucionales. La clave es que estos capitales se canalizan hacia el financiamiento de pymes a cambio de beneficios fiscales. “Básicamente es plata de privados puesta a disposición del desarrollo de las pymes”, resumió la funcionaria.
Ese esquema estuvo recientemente en riesgo: en el Congreso se debatió una iniciativa para aumentar los haberes de jubilados y pensionados, que se financiaba con la eliminación de las exenciones impositivas para las empresas que aportan a las SGR. Finalmente, el presidente Javier Milei vetó la ley, lo que evitó una fuerte pérdida de recursos para el sistema.
Un veto que aseguró continuidad
“Siempre me gusta decir que las SGR son una política de Estado en Argentina”, afirmó Vázquez. Recordó que la primera en constituirse fue Garantizar, en 1997, y que desde entonces el esquema se mantuvo en funcionamiento sin interrupciones.
Sobre el debate legislativo reciente, fue categórica: “Lo importante es que, a pesar de ese ruido, en ningún momento las SGR dejaron de dar avales. Todas siguieron otorgándolos a las pymes, aun sabiendo que podía llegar un momento difícil. Finalmente, no ocurrió, la ley está vetada y seguimos contando con el beneficio fiscal y el programa para todas las pymes”.
Para la directora, el beneficio fiscal “es muy importante para que el sistema siga adelante. Se puede discutir, revisar, pero debe mantenerse. Es lo que incentiva a los privados a participar y a seguir poniendo capital al servicio de las pymes”.
Una herramienta clave en el financiamiento pyme
El testimonio de Vázquez refleja el consenso existente en torno al rol de las SGR. No se trata solo de un mecanismo financiero, sino de una política pública que articula al Estado con el sector privado para sostener el entramado productivo. En la práctica, las SGR permiten a una pyme acceder a un crédito que, de otro modo, le resultaría inaccesible. Mejoran las condiciones, reducen tasas, alargan plazos y abren la puerta a nuevos instrumentos como las Obligaciones Negociables Pyme, que ganaron protagonismo en los últimos años.
La combinación de financiamiento privado con respaldo público ha demostrado ser una fórmula efectiva. Pero la advertencia de la funcionaria es clara: aún queda mucho por hacer para que el sistema se extienda a un universo más amplio de pymes y se convierta en una herramienta de uso generalizado.
“Las SGR ya demostraron que son clave para el crecimiento pyme. El desafío ahora es ampliar la base de empresas beneficiadas y seguir consolidando una política que, como se vio en estas semanas, necesita estabilidad para proyectarse en el largo plazo”, concluyó Vázquez.
