De cara a las elecciones legislativas de medio término en octubre, el gobierno nacional busca posicionar la baja de la inflación como uno de sus principales logros. Sin embargo, los datos duros de la economía contrastan con las percepciones ciudadanas relevadas en distintas encuestas, lo que pone en duda la efectividad política de ese mensaje.
Según el último dato del Indec, correspondiente a abril, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,8%, marcando una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto a marzo (3,7%). La inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año fue de 11,6%, con un interanual de 47,3%. Si bien se trata de una desaceleración respecto al mes anterior, abril representó el segundo registro más alto de los últimos siete meses, lo que sugiere que la desinflación aún no está consolidada.
Por otro lado, los datos blandos» muestran una desconexión entre las cifras oficiales y lo que los ciudadanos sienten en su vida cotidiana. Según la medición de expectativas del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (CIF-UTDT), la inflación esperada para los próximos 12 meses se ubicó en mayo en 38,8%, una leve baja respecto al mes anterior. Sin embargo, se trata de una variación estadísticamente insignificante. Más aún, cuando se consulta por la inflación percibida en el último mes, los encuestados estiman una suba de precios del 4,23%, más del doble del IPC estimado para mayo, que se ubicaría cerca del 2%.
Este desacople se acentúa en otros estudios. La encuesta de AtlasIntel/Bloomberg, por ejemplo, revela que la expectativa inflacionaria a corto plazo (seis meses) roza el 7%, triplicando la estimación oficial. Esto evidencia un límite claro al relato gubernamental: la microeconomía del elector —su “metro cuadrado”— no acompaña el optimismo de la macro.
Los datos de Consultora Delfos lo confirman. Apenas un 29% de los votantes cree que la inflación está bajando y que eso se siente en el bolsillo. Un 41% considera directamente que la inflación no baja, mientras que otro 26% admite que hay una desaceleración, pero no la percibe en su economía doméstica. La suma de escépticos (67%) supera ampliamente a quienes adhieren al relato oficialista.
Otros estudios coinciden. La consultora Tendencias reportó que sólo un 28,2% siente mejoras en su poder adquisitivo, mientras que un 25% no percibe ninguna mejora y más de un tercio ve un deterioro generalizado. Según Analogías, un 37% coincide con el discurso libertario sobre la inflación, frente a un 55,5% que lo rechaza. Zuban Córdoba, por su parte, mostró que un 36,3% está en desacuerdo con la frase «la inflación está subiendo», lo que también coincide con los niveles de apoyo medido por otras consultoras.
Estas cifras marcan un punto de tensión clave para el oficialismo. Por un lado, el acompañamiento a la narrativa de desinflación se ubica en torno al 30%-36%, un piso que coincide con la base electoral que apoyó a Javier Milei en las PASO y la primera vuelta de 2023. Pero está lejos del 55,6% que lo consagró en el ballotage. Si el gobierno logra mantener ese piso y la oposición no se unifica, podría alcanzar para una buena elección legislativa. Si, en cambio, su caudal desciende y Unión por la Patria logra sostener su cohesión, el escenario se volvería muy competitivo.
Por último, este debate reactualiza una discusión técnica de fondo: la necesidad de actualizar la canasta de productos y servicios con la que el Indec calcula el IPC. Las diferencias crecientes entre la inflación oficial y la percibida por la ciudadanía sugieren que las estadísticas podrían estar quedando desfasadas respecto a la realidad económica cotidiana.
En conclusión, mientras el gobierno construye su relato en torno a la estabilidad macroeconómica, en la calle persisten las dudas. Y en un año electoral, el “metro cuadrado” del votante puede terminar siendo más decisivo que cualquier plan económico.
Por Norman Berra para Consultora Delfos
