Desde la Federación de Inquilinos Nacional, con la participación de Inquilinos Córdoba como miembro integrante, se realizó una encuesta nacional para determinar el impacto de la pandemia por COVID-19 y la paralización de las actividades en la realidad inquilina.
En ese sentido, se indagó sobre la posibilidad de afrontar el pago del alquiler de abril en viviendas residenciales y el cumplimiento del DNU 320/20 durante la emergencia.
Entre los datos más destacados, sobresale que en Córdoba el 42,5% de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril debido a la crisis. Discriminados por grupos de edad, se observa que esto afecta de manera más profunda a los más jóvenes, donde el 47% de los inquilinos de entre 18/25 años manifiestan esta limitación.
En el período de tiempo medido, el 58,2% de los inquilinos de Córdoba vio reducidos sus ingresos como ocurre a nivel país con valores similares. Nuevamente el grupo más afectado corresponde a los más jóvenes (18/25 años) con 71,4% y luego con casi el 60% se encuentran de los adultos jóvenes (36/50 años), indica el informe.
“Es decir, del 71,4% de jóvenes que vio mermado sus ingresos, 47% ya no pudo pagar el alquiler de abril, por lo que cabe preguntarse qué ocurrirá en los meses venideros”, añade el informe.
Siguiendo esa línea, desde la entidad se expresan “con datos concretos” la crisis habitacional que manifestaban al momento de solicitar las medidas que expresa el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 320/20) que regula los alquileres hasta fines de septiembre de este año.
La encuesta además revela el incumplimiento por parte de corredores, inmobiliarias y/o propietarios de lo establecido en el DNU 320/20 que obliga a poner a disposición de los inquilinos el CBU de una cuenta bancaria para el pago electrónico del canon locativo, con el objeto de mantener la cuarentena y evitar la circulación y la propagación del virus.
El 42,5% de los inquilinos de Córdoba no recibió CBU para realizar transferencia bancaria y si bien hay un 47% que tuvo acceso al CBU, al 10% se les exigió abonar cargos extra por el trámite electrónico, otro aspecto ilegal revelado por la encuesta
“Por último y como un dato revelador de la crisis por la que atraviesan los inquilinos cordobeses y en línea con los datos globales a nivel país, el 32,8% de los consultados tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio”, añade el informe.
“Desde la Asociación Inquilinos Córdoba exigimos el efectivo control al cumplimiento del DNU 320/20 en cuanto al congelamiento de los alquileres a valores de marzo, se suspendan los desalojos y se brinde sin costo para los inquilinos los datos para realizar el pago, si es que está en condiciones de hacerlo, vía transferencia bancaria”, destaca la entidad.
El informe finaliza con un pedido concreto: “En vista de estos datos tan alarmantes y la posibilidad concreta de un sobreendeudamiento por parte de los inquilinos e inquilinas cuando finalice el Decreto de Alquileres (octubre), consideramos imprescindible que una vez que abra el Congreso de la Nación se vote una ley de alquileres que lleve tranquilidad a los 700.000 inquilinos e inquilinas de Córdoba, parte de un colectivo de ocho millones en todo el país y que también se ajuste a las nuevas condiciones y realidad económica”.
