La inflación fue la promesa fundacional del Gobierno y el principal argumento de legitimidad de su programa económico. Sin embargo, en febrero de 2026 ese frente aparece como el más delicado. No tanto por la dinámica técnica de los precios, sino por la credibilidad social que rodea al dato y a las expectativas de mejora.
Según una encuesta nacional de Delfos Consultora, el 59% de los argentinos afirma que no le cree a la inflación que publica el INDEC, mientras que apenas un 32% sostiene que sí confía en esos números. El dato es político antes que estadístico: la mitad más uno de la sociedad desconfía del principal indicador con el que el oficialismo mide su éxito.
Expectativas en retroceso
El escepticismo también se refleja en las expectativas. Sólo el 40% cree que el presidente logrará reducir aún más la inflación, mientras que el 54% no confía en que eso ocurra. Se trata del nivel más alto de pesimismo en los últimos meses, en un contexto donde la discusión pública volvió a tensionarse por cambios metodológicos y debates sobre la medición.
La inflación no es sólo un índice: es una experiencia diaria. Aunque la desaceleración respecto de los picos de 2023 es reconocida por parte del electorado, el aumento acumulado de precios en alimentos, servicios y tarifas mantiene viva la sensación de pérdida de poder adquisitivo.
En paralelo, la situación económica personal muestra una mayoría tensionada: el 44% afirma que sus ingresos no le alcanzan y sólo el 18% puede ahorrar. En ese marco, la inflación funciona como síntesis del malestar.
Imagen estable, pero con límite
La gestión presidencial conserva una imagen positiva cercana al 40%, mientras que la negativa se ubica en torno al 50%. Esa meseta coincide con el núcleo duro electoral que acompañó al oficialismo en las últimas elecciones. Sin embargo, la combinación de inflación persistente y desconfianza estadística impide ampliar la base de apoyo. El problema no es únicamente económico. La inflación es el punto donde se cruzan resultados, expectativas y credibilidad institucional. Si el dato oficial pierde legitimidad, la política económica pierde narrativa.
