El sistema de salud de la seguridad social en Argentina atraviesa una crisis que va mucho más allá de los problemas de gestión o de la incorporación reciente de las prepagas. Según Jorge Colina, economista y presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), se trata de un desfinanciamiento estructural que el propio informe técnico de la CGT documenta con dureza: el recurso mensual promedio por beneficiario es de $67.525, mientras que el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) trepa a $85.000. Una brecha del 26% que no es coyuntural, sino que se fue construyendo durante décadas de promesas sin financiamiento.
“Estamos en un sistema de obras sociales y prepagas desfinanciado y que va camino a un desfinanciamiento mayor”, sintetiza Colina en diálogo con Perfil Córdoba. El diagnóstico es contundente y los números lo respaldan: el 67% de los trabajadores tiene aportes por debajo del promedio de $67.525. Es decir, la mayoría ni siquiera llega a ese piso, que ya es insuficiente. Y a eso se suman unos 2 millones de monotributistas que fueron incorporados al sistema pero que en su mayoría aportan apenas $22.000 por mes, menos de la cuarta parte del costo del PMO.
El cambio más reciente en el sistema —la eliminación en 2025 de la “derivación de aportes” e incorporación directa de las prepagas a la seguridad social— no resuelve el problema de fondo. Al contrario, lo agrava en un punto clave: las prepagas, que hasta ahora podían operar eligiendo a los afiliados con mayores aportes, ya no pueden rechazar a los de menores ingresos. “Las prepagas están acostumbradas a no agarrar a la gente desfinanciada. Ahora van a tener que agarrar a la gente desfinanciada también”, explica Colina. El sistema quedó conformado con 290 obras sociales que aglutinan el 64% de la recaudación y 50 empresas de medicina prepaga con el 36% restante, pero la foto financiera sigue siendo la misma: los recursos no alcanzan.
La raíz del problema tiene historia. El PMO fue creado en 1996 como un conjunto acotado de prestaciones médicas básicas. Pero desde el año 2000 el Congreso fue incorporando servicios que exceden lo estrictamente médico: atención de la discapacidad, educación especial, transporte, modificaciones edilicias, salud mental, adicciones y, en algunos proyectos, hasta el cuidado geriátrico. “Del Congreso empezaron a poner cosas que no son estrictamente médicas, como por ejemplo los servicios sociales para la discapacidad, todo lo que es educación, transporte, modificación de la casa”, explica Colina. A eso se sumó la incorporación de innovaciones médicas —como los medicamentos biológicos— que el listado abierto del PMO incluye implícitamente, y una creciente avalancha de amparos judiciales: hoy hay estimativamente un amparo por cada 1.000 afiliados, y la tendencia es al alza.
El resultado es un sistema al que se le exige cada vez más con los mismos —o menores— recursos. “Todo eso fue haciendo que el PMO sea muy caro para el nivel de aporte que tienen los trabajadores”, resume el economista. Y la salida, según IDESA, pasa por dos medidas concretas que van en paralelo.
La primera es depurar el PMO y devolverle al Estado la responsabilidad de financiar lo que no es estrictamente médico. “El Estado debería asignarle a la Secretaría de Discapacidad plata para que ella gestione y financie todo lo que son los servicios sociales de la discapacidad. No obligar a la obra social o la prepaga a que lo den”, sostiene Colina. Lo mismo aplica para el SEDRONAR en adicciones y la Dirección Nacional de Salud Mental. En todos los países con sistemas organizados —Uruguay, Chile, los países europeos— ese tipo de prestaciones se financia con rentas generales y se gestiona caso por caso, focalizando en quienes más lo necesitan. Volver a la idea original del PMO como conjunto de prestaciones médicas básicas y convencionales permitiría reducir significativamente su costo.
La segunda medida es redirigir el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este fondo se conforma con el 15% de cada aporte que realizan los trabajadores: cuando alguien aporta a su obra social, el 85% va a la entidad y el 15% restante va al FSR. El problema es cómo se distribuye ese fondo: hoy la Superintendencia de Salud lo asigna en forma casi pareja por cantidad de afiliados, sin distinguir entre quienes más y quienes menos ganan. “El fondo solidario se está gastando mal”, dice Colina sin rodeos. “Una persona de mucha plata recibe del Fondo 2.300 pesos y una persona de bajo aporte recibe 1.300”. La propuesta de IDESA es simple: focalizar el 100% del FSR en los afiliados de menores aportes para atenuar la brecha entre lo que aportan y el costo real del PMO.
Sobre la viabilidad de estas reformas en el actual contexto político, Colina es preciso en su evaluación. La redistribución del FSR es “técnica y políticamente posible” hoy mismo, porque solo requiere un cambio de criterio administrativo en la Superintendencia de Salud, sin nuevos gastos. La depuración del PMO, en cambio, choca con el dogma oficial: implicaría que el Estado asuma el financiamiento de servicios que hoy cargan las obras sociales, algo que el gobierno de Milei resiste ideológicamente. “Técnicamente es viable, políticamente hoy no, posiblemente por el dogmatismo que tiene el gobierno de no querer gastar plata, cuando esto que se propone sería ordenar la plata”, afirma el economista.
La paradoja es notable: el ajuste indiscriminado termina siendo menos eficiente que una reforma ordenada. Desde el punto de vista económico, dar más recursos a quienes menos tienen genera mayor impacto en términos de salud real que distribuir por igual entre ricos y pobres. Las herramientas de información para hacerlo existen: la Superintendencia de Salud ya cuenta con un esquema alternativo de distribución que prioriza a los afiliados de menores aportes, pero no lo utiliza. El sistema sigue funcionando con un criterio que IDESA califica de “arbitrario”.
El diagnóstico de Colina cierra con una advertencia que excede a un gobierno o a una gestión: el sistema de obras sociales y prepagas sufre las consecuencias de una doble demagogia acumulada durante años. La primera, legislativa y judicial, que inflo el PMO con promesas sin financiamiento. La segunda, de afiliación, que incorporó a la cobertura a millones de trabajadores de bajos aportes sin ajustar las obligaciones del sistema. Mientras esas dos lógicas no se corrijan en paralelo, el desfinanciamiento seguirá creciendo, independientemente de quién gobierne.
