La Confederación Argentina de la Mediana Empresa llevó al Congreso un planteo directo: para que las pymes puedan crecer, primero hay que desarmar el entramado tributario que hoy las asfixia. En un documento presentado ante la Comisión de Comercio y la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, la entidad propuso una reforma fiscal integral orientada a reducir costos, simplificar el sistema y corregir distorsiones que, según advierte, afectan la competitividad del sector.
El diagnóstico que traza la entidad es contundente. La Argentina convive con un esquema de entre 155 y 165 tributos entre Nación, provincias y municipios, aunque apenas diez explican la enorme mayoría de la recaudación. Esta fragmentación, combinada con una presión tributaria cercana al 30% del PBI, genera un sistema complejo, costoso de cumplir y, sobre todo, regresivo, con fuerte peso de impuestos indirectos.
Desde esa base, CAME plantea un cambio de enfoque: menos impuestos distorsivos y más progresividad, con incentivos concretos para la inversión, las exportaciones y el empleo formal. En esa línea, uno de los ejes centrales es la reforma del IVA.
La propuesta combina la ampliación de la base imponible con la eliminación de exenciones ineficientes y, a la vez, mecanismos de devolución más ágiles. Para las pymes, el punto crítico está en los plazos: el documento sugiere devoluciones en un lapso de 30 a 60 días para exportadores e inversiones, un cambio significativo frente a los retrasos actuales que inmovilizan capital de trabajo.
Otro capítulo clave es el impuesto a las Ganancias. La entidad propone un esquema diferencial para pymes con alícuotas más bajas que las vigentes, segmentadas según el tamaño de la empresa. El objetivo es aliviar la carga fiscal sobre las unidades productivas más pequeñas y, al mismo tiempo, incentivar la reinversión mediante la deducción inmediata de inversiones en maquinaria y equipos.
En paralelo, el documento apunta contra uno de los tributos más cuestionados por el sector privado: el impuesto a los débitos y créditos bancarios. La propuesta es convertirlo en su totalidad en un pago a cuenta de IVA o Ganancias en un plazo de dos años para micro y medianas empresas, con la idea de neutralizar su efecto distorsivo sobre la actividad económica.
El esquema también pone el foco en los tributos provinciales y municipales, donde las pymes enfrentan una carga particularmente pesada. Sobre Ingresos Brutos, CAME impulsa un nuevo consenso fiscal que reduzca alícuotas, elimine pagos a cuenta y evite la superposición de gravámenes en distintas jurisdicciones. En el plano local, propone un padrón único de tasas y la prohibición de cobrar tributos sin una contraprestación efectiva, bajo la premisa de que “tasa debe equivaler a servicio”.
Uno de los reclamos más reiterados del sector también aparece en el documento: la acumulación de saldos a favor. Para resolverlo, la entidad propone la creación de una Cuenta Corriente Tributaria Integral que permita compensar deudas y créditos entre distintos niveles del Estado, junto con mecanismos de devolución automática y reconocimiento de intereses cuando el fisco exceda los plazos.
La agenda se completa con medidas orientadas al comercio exterior, como la eliminación gradual de percepciones y retenciones en Aduana que generan créditos fiscales crónicos, y la automatización de reintegros para exportadores. Según el planteo, el objetivo es reducir la “prefinanciación fiscal” que hoy deben asumir las empresas.
Detrás de cada propuesta subyace una idea central: el problema no es solo cuánto se paga, sino cómo se paga. Para CAME, la actual estructura tributaria no solo eleva los costos, sino que también introduce incertidumbre y desalienta la formalización. Por eso, el paquete incluye medidas de simplificación administrativa, interoperabilidad entre organismos y mayor transparencia, alineadas con estándares internacionales.
En un contexto de retracción del consumo, márgenes ajustados y dificultades de financiamiento, el mensaje de la entidad es claro: sin una reforma tributaria profunda que reduzca la carga y mejore la previsibilidad, las pymes seguirán operando en desventaja. La discusión, ahora, quedó en manos del Congreso.
