La reforma laboral y el programa económico del Gobierno abren un escenario de transformación profunda para el sector productivo argentino, pero también generan interrogantes sobre su impacto real en la actividad y en el mercado de trabajo. Ese fue uno de los ejes del primer desayuno de coyuntura organizado por Punto a Punto en ONCE 11 (Corteza Mall), donde especialistas analizaron los desafíos que enfrenta el sector privado en medio de un proceso de ajuste macroeconómico y cambios regulatorios.
Durante el encuentro, acompañado por Silmag y Kolektor, el economista Gastón Utrera advirtió que la nueva normativa laboral presenta zonas grises que pueden derivar en mayor litigiosidad, especialmente en lo relacionado con el cálculo de intereses judiciales y los criterios para determinar indemnizaciones.
Según explicó, actualmente conviven distintos métodos de cálculo —como las tasas pasivas del Banco Central o las utilizadas por tribunales provinciales— que pueden arrojar resultados muy diferentes. “La interpretación final probablemente termine en la Corte Suprema”, señaló, lo que abre un período de incertidumbre jurídica para empresas y trabajadores.
En ese contexto, Utrera planteó que la mejor estrategia para las compañías es aplicar la normativa de manera literal y optimista, teniendo en cuenta que los casos judicializados representan una minoría frente al universo de relaciones laborales que pueden resolverse mediante acuerdos entre las partes.
El debate por el Fondo de Asistencia Laboral
Uno de los puntos más discutidos de la reforma es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Para Utrera, el instrumento se asemeja más a un mecanismo de financiamiento del sistema de seguridad social que a una solución para reducir la litigiosidad empresarial.
En contraste, el Fondo de Cese Laboral previsto en la Ley de Bases apunta a reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones, aunque su implementación depende de acuerdos sectoriales.
“La preocupación es que el FAL termine desincentivando el desarrollo de fondos de cese que podrían reducir los pasivos contingentes de las empresas”, explicó el economista.
Una economía con ganadores y perdedores
Más allá de la reforma laboral, el análisis macroeconómico mostró una economía con fuerte heterogeneidad sectorial.
De acuerdo con Utrera, mientras sectores como minería, petróleo y gas, agro y finanzas muestran crecimiento, otras actividades —como la industria automotriz, la metalmecánica y el comercio— atraviesan una etapa de retracción.
Este fenómeno responde, en parte, a lo que definió como una lógica de “destrucción creativa” inspirada en la teoría del economista Joseph Schumpeter, en la que sectores menos competitivos pierden peso frente a actividades con mayor productividad o inserción internacional.
Sin embargo, el especialista advirtió que este proceso suele ignorar los tiempos de transición. “Un trabajador industrial que pierde su empleo no se convierte automáticamente en minero o en especialista en energía”, explicó.
Tasas altas y ruptura de la cadena de pagos
Desde una perspectiva jurídica y empresarial, el abogado Diego Jaskowsky, del estudio JBB Abogados, puso el foco en el deterioro financiero del sector privado.
Según su diagnóstico, muchas empresas atraviesan problemas de liquidez que amenazan con transformarse en insolvencia, debido a tasas de interés que calificó como “en las nubes”.
“La cadena de pagos se está tensionando. No hablamos solo de cheques rechazados aislados, sino de situaciones en las que un actor económico relevante afecta a comunidades enteras”, explicó.
En ese contexto, advirtió que la quita de liquidez del sistema está dejando expuestas a empresas que funcionaban con estructuras financieras frágiles. “Cuando baja el agua, ves quién nadaba desnudo”, graficó.
La apuesta del Gobierno a la desinflación
Para Jaskowsky, la estrategia económica del Gobierno se apoya en una convicción fuerte: que la inflación puede reducirse drásticamente en un plazo relativamente corto.
Esa apuesta implica subordinar otras variables clave —como el tipo de cambio o la tasa de interés— al objetivo de bajar la inflación, lo que limita la capacidad de reacción del Ministerio de Economía ante eventuales tensiones financieras.
El riesgo, sostuvo, es que el enfoque excesivamente monetarista genere un choque entre la teoría y la realidad económica. “Si la inflación no baja con la velocidad esperada, el modelo puede enfrentar tensiones políticas y electorales”, advirtió.
Ajuste fiscal descentralizado
Otro de los efectos del programa económico es el traslado de responsabilidades hacia provincias y municipios.
El recorte de transferencias nacionales en áreas como transporte, salud, asistencia social y obra pública obliga a las jurisdicciones subnacionales a absorber servicios sin los recursos correspondientes.
En ese marco, algunas provincias con mayor solidez fiscal —como Córdoba— lograron acceder a financiamiento externo para cubrir parte de esas necesidades, aunque esa opción no está disponible para la mayoría de los municipios.
Agenda pendiente para el sector privado
Durante el encuentro también se planteó que el sector privado debe asumir un rol más activo en la discusión de reformas estructurales.
Entre los principales “puntos de dolor” para la producción se mencionaron los saldos técnicos de IVA retenidos por el Estado, los efectos distorsivos de Ingresos Brutos, los anticipos de Ganancias basados en facturación pasada y los problemas de amortización en contextos inflacionarios.
En ese sentido, Utrera planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema tributario más eficiente, incluso con la idea de un “super IVA” que elimine distorsiones acumuladas en el sistema actual.
Una transición con riesgos
Para Utrera el programa económico enfrenta una etapa de transición compleja, donde la estabilidad macroeconómica convive con tensiones productivas y financieras.
El desafío será evitar que el proceso de apertura y reorganización económica termine erosionando el tejido productivo antes de que los nuevos sectores dinámicos puedan absorber el impacto.
“El punto es si prevalece el dogma o el pragmatismo”, sintetizó Utrera. “Si todo se explica solo por la teoría monetaria y no se corrigen los desajustes de la economía real, el riesgo es que el choque llegue primero en la actividad… y después en las elecciones”.
