El Gobierno nacional puso en marcha la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema pensado para fomentar proyectos productivos de pymes mediante beneficios fiscales y procesos administrativos simplificados.
La medida fue oficializada a través de una resolución conjunta entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las secretarías de Energía y Agricultura, que definieron los requisitos para acceder al programa, el alcance de los incentivos y los mecanismos de control.
La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a estimular inversiones en sectores productivos, especialmente vinculados a infraestructura, maquinaria y mejoras tecnológicas.
Beneficios fiscales y foco productivo
Entre los principales beneficios aparecen la posibilidad de acelerar amortizaciones en el Impuesto a las Ganancias y acceder de forma anticipada a créditos fiscales de IVA. También se contemplan incentivos específicos para proyectos relacionados con eficiencia energética y sistemas de riego.
El régimen estará dirigido a microempresas, pequeñas empresas, medianas tramo 1 y 2, además de algunas entidades sin fines de lucro. Para ingresar, las compañías deberán contar con Certificado MiPyME vigente y situación regularizada ante ARCA.
Trámites digitales y nuevos controles
Uno de los ejes centrales del esquema será la digitalización del proceso. Toda la operatoria se realizará a través de una nueva plataforma denominada Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), desde donde las empresas podrán registrar proyectos, presentar documentación, acreditar avances y gestionar beneficios fiscales.
La reglamentación alcanza inversiones vinculadas a maquinaria, infraestructura productiva, bienes amortizables, equipamiento para eficiencia energética, sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes. Además, algunas actividades relacionadas con el agro y la energía podrán ingresar al régimen aun sin cumplir montos mínimos de inversión.
Para validar las inversiones, las empresas deberán presentar documentación técnica y respaldatoria, incluyendo facturas, contratos, certificados de obra e informes elaborados por profesionales matriculados.
Auditorías y posibles sanciones
El esquema también prevé auditorías y controles posteriores. ARCA verificará la situación fiscal de las firmas adheridas y las áreas técnicas podrán realizar inspecciones para comprobar el cumplimiento de las condiciones del programa.
En caso de irregularidades, el Gobierno podrá reclamar la devolución de beneficios fiscales otorgados, exigir impuestos adeudados, aplicar multas o incluso dar de baja a las empresas del régimen.
