En los últimos 50 años, la economía argentina ha sido testigo de una volatilidad extrema y un crecimiento económico limitado, con un aumento promedio de la producción per cápita de apenas 0,7% anual. Este desempeño se ha visto afectado principalmente por dos factores clave: los problemas tradicionales de competitividad, que han obstaculizado el desarrollo exportador, y un desequilibrio fiscal casi constante en el sector público nacional, que ha acumulado un déficit financiero equivalente a un año de producción (un PIB) en cinco décadas.
Como consecuencia, Argentina ha experimentado una inflación promedio del 192% anual en los últimos 50 años y una deuda pública que actualmente representa el 88% del PIB.
A pesar de este panorama sombrío, el 2024 podría marcar un punto de inflexión. Aunque persisten dudas sobre la política cambiaria y la recuperación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se observa un avance significativo en las cuentas públicas. Por primera vez en 15 años, el sector público nacional (SPN) exhibe un superávit fiscal, con una mejora en el resultado financiero de 5,6 puntos del PIB en un solo año, la más importante desde 1960. Este logro se ha logrado, en su totalidad, a través de la reducción del gasto público.
Ajuste fiscal en 2024
La clave del ajuste fiscal en 2024 reside en la contención del gasto público a todos los niveles de gobierno. Entre 2004 y 2016, el peso del gasto público consolidado pasó del 27% al 47% del PIB, un incremento de 20 puntos en solo 12 años. Sin embargo, entre 2016 y 2022, este peso se redujo en 5 puntos del PIB. Si las tendencias observadas en los primeros meses de 2024 se mantienen, el gasto consolidado podría bajar al 32% del PIB, revirtiendo gran parte del aumento observado entre 2004 y 2023.
Parte del ajuste fiscal se ha logrado a través de la «licuación» de algunas erogaciones, lo cual era inevitable dado que tres cuartas partes del aumento del gasto entre 2004 y 2023 se debieron al gasto en personal, jubilaciones y pensiones, y subsidios a tarifas. Estos aumentos se originaron, en gran medida, en el crecimiento de la cantidad de empleados públicos y jubilados.
El ajuste fiscal también se ha reflejado a nivel provincial y municipal. En conjunto, las provincias han reducido sus erogaciones en un 24% en términos reales en el primer trimestre de 2024, frente a una caída del 17% en sus ingresos. Este ajuste incluye una reducción del 55% en el gasto de capital y del 21% en el gasto en personal. Solo dos provincias, Misiones y Entre Ríos, exhiben un pequeño déficit financiero en este período
Aunque el ajuste fiscal en 2024 ha dependido en gran medida de la licuación del gasto en salarios, jubilaciones y transferencias, así como de la fuerte reducción en la inversión pública, era inevitable dado el déficit financiero cercano al 6% del PIB en 2023. No obstante, una vez alcanzado el equilibrio fiscal, es crucial mantenerlo. Es hora de que Argentina adopte una regla fiscal que garantice el equilibrio y la solvencia estatal a largo plazo, evitando el endeudamiento insostenible y la generación de procesos inflacionarios.
Con el equilibrio fiscal logrado, es el momento de mejorar la calidad del ajuste, eliminando impuestos distorsivos y avanzando en la reforma del Estado. Esta es una tarea que debe ser asumida como una política de Estado por las principales fuerzas políticas del país.
Por Marcelo Capello, economista de Fundación Mediterránea
