En 2024, Argentina marcó un hito económico al revertir su crónico déficit fiscal y cerrar el año con un superávit financiero del 0,3% del PBI. Este avance, tras un déficit del 4,6% del PBI en 2023, implicó una mejora equivalente a casi 5 puntos porcentuales del PBI. Sin embargo, el logro plantea interrogantes sobre su sostenibilidad en el contexto de una economía con inflación controlada y limitaciones estructurales.
El superávit se logró gracias a una reducción significativa del gasto primario, que representó una caída real del 4,5% del PBI, mientras los ingresos públicos se mantuvieron constantes en 16,8% del PBI. Las áreas más afectadas por el ajuste fueron:
- Transferencias a provincias: Su reducción, tanto para gastos corrientes como de capital, explicó el 20% del ajuste total.
- Inversión en infraestructura nacional: Representó el 17% del recorte.
Estas medidas se sostuvieron principalmente en un entorno de alta inflación, que permitió la licuación de ciertos gastos.
Claves para 2025: un Acuerdo de Coordinación Fiscal
El desafío para 2025 radica en mantener el superávit sin recurrir a aumentos de impuestos que afecten la competitividad. Según el análisis de IDESA, es imprescindible un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre Nación y provincias para abordar dos problemas centrales:
- Ordenamiento funcional: Cada nivel de gobierno debe asumir responsabilidades claras. La Nación debería enfocarse en funciones interprovinciales, mientras que provincias y municipios se harían cargo de las funciones locales. Esto eliminaría solapamientos que afectan la eficiencia de la gestión pública.
- Ordenamiento tributario: Es necesario establecer qué impuestos financian a cada nivel de gobierno, reemplazando el actual sistema de coparticipación por un esquema de correspondencia fiscal.
Riesgos de no actuar
La ausencia de un acuerdo podría llevar a las provincias y municipios a compensar la falta de transferencias nacionales con aumentos en impuestos regresivos como Ingresos Brutos y tasas municipales. Esta estrategia agravaría los problemas de competitividad, ya afectados por la apreciación cambiaria y el deterioro de la infraestructura pública.
El rol de la inversión privada
Para compensar la caída de la inversión pública en infraestructura, el gobierno nacional apuesta por incentivar la participación privada en proyectos de mantenimiento y desarrollo. Sin embargo, este proceso es complejo y requiere condiciones que aseguren la viabilidad de las inversiones.
La reversión fiscal de 2024 es un logro significativo, pero su sostenibilidad dependerá de políticas que equilibren la disciplina fiscal con la competitividad económica. Un Acuerdo de Coordinación Fiscal podría ser la herramienta clave para lograr un equilibrio entre eficiencia, inversión y desarrollo económico a largo plazo.
