El fin de semana, Javier Milei anunció una reducción parcial en los derechos de exportación para productos clave del agro como la carne, el maíz, el girasol, el sorgo y la soja, junto con sus derivados. La medida implica una baja del 25% en carne y girasol, y del 20% en los demás productos, con el compromiso de avanzar hacia la eliminación total de las retenciones cuando haya espacio fiscal.
Sin embargo, el alivio para el sector es limitado. Según un análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), esta rebaja representa apenas el 0,2% del PBI, mientras que el costo fiscal equivale a dos tercios del superávit financiero nacional. Para el instituto, resulta “muy contradictorio que un alivio tan tenue sea un obstáculo tan grande para las cuentas públicas”.
Una estructura tributaria que resta competitividad
IDESA sostiene que el problema no se reduce únicamente a las retenciones. Argentina aplica múltiples impuestos distorsivos que restan competitividad a la producción nacional. A la par de las retenciones, se suman el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, el impuesto a los Sellos y tasas municipales que encarecen insumos y afectan márgenes de rentabilidad.
En total, estos tributos considerados nocivos por su impacto sobre la competitividad representan alrededor del 7,4% del PBI. “Eso significa que más de uno de cada cuatro pesos que recauda el Estado proviene de impuestos que desalientan la producción”, señala el informe.
La carga impositiva se distribuye entre los distintos niveles del Estado:
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El Estado nacional cobra retenciones (1% del PBI) y el impuesto al cheque (1,6%).
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Las provincias recaudan Ingresos Brutos (3,9%) y Sellos (0,4%).
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Los municipios aplican tasas sobre ventas (0,5%).
Un cambio de estrategia: de la baja parcial al ordenamiento integral
Desde IDESA remarcan que el enfoque actual de “gradualismo tributario” —que avanza lentamente en la reducción de impuestos distorsivos a medida que se consolida el superávit— no es suficiente para responder a las urgencias del sector productivo. Plantean que se necesita un ordenamiento integral del sistema tributario, que involucre a las provincias y municipios en una estrategia coordinada para reemplazar impuestos dañinos por otros más eficientes.
Una alternativa que proponen es avanzar en acuerdos entre Nación y provincias para reemplazar tributos como Ingresos Brutos y tasas municipales por un “Super-IVA”, que permitiría un sistema más transparente y menos distorsivo. A su vez, el incremento en la actividad que genera la baja de retenciones impulsará la recaudación de otros impuestos, como Ganancias e IVA, lo que debería destinarse a reducir cargas en otros niveles del Estado.
“La producción agropecuaria no solo pierde por retenciones, sino también porque paga insumos más caros que ya incluyen impuestos provinciales y municipales. Sin un enfoque integral, la competitividad seguirá deteriorada”, advierten.
