Por Redacción Perfil. El Tribunal Superior de Justicia autorizó el funcionamiento de las aplicaciones de viajes en la ciudad de Córdoba. Es un revés judicial para las autoridades locales. El mismo intendente Daniel Passerini tuvo desde el inicio de su gobierno una posición muy dura contra los conductores.
El Tribunal Superior de Justicia a través de la resolución emitida este viernes, y que resuelve la apelación presentada por el Municipio en 2020, otorga permiso a los vehículos que cumplan los requisitos y cumplimenten los puntos que establece dicha resolución, para funcionar bajo la plataforma UBER.
Eli Frías, Head de Operaciones de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay expresó que “hemos esperado mucho tiempo para remitir a los cordobeses que eligen manejar y viajar con Uber la buena noticia que hoy dio a conocer el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. Con una resolución clara y contundente, el TSJ otorga permiso para manejar y generar ganancias únicamente a quienes lo hagan con la aplicación de Uber. Esta resolución es un reconocimiento de la disposición al diálogo y la convicción de ser parte del futuro de la movilidad de Córdoba que hemos mantenido desde el primer viaje en 2019.”
Esta resolución resuelve la situación de incertidumbre e ilegalidad en la que se encontraban las aplicaciones de viajes.
Que dice la Resolución Judicial
Con carácter excepcional y provisorio, Uber podrá prestar su servicio «en la medida que obligatoriamente acredite el cumplimiento de los lineamientos generales establecidos en el presente fallo» y los que, eventualmente, fijara también la Dirección de Transporte y Servicios Públicos para regular las aplicaciones proveedoras del servicio de transporte individual que conecten a conductores de vehículos con usuarios que necesitan un servicio de alquiler de autos con chofer (cfr. Ord. n.° 12859); todo, con las precisiones de este pronunciamiento
La resolución 21 firmada por los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reformula la decisión cautelar confirmada y ordena establecer las condiciones y requisitos que deberá acreditar Uber para obtener la respectiva habilitación municipal que le permita operar en el ejido municipal de la ciudad de Córdoba. Es decir, que la municipalidad deberá contar con una legislación para que la aplicación deba respetar y cumplir.
Pese a que en los representantes municipales expusieron que Uber «constituye un servicio público de transporte que no está legalmente autorizado y que constituye un error no encuadrarla como tal», los funcionarios fallaron en contra. Para los juristas, resulta «conveniente reconvertir la prohibición absoluta que pesa sobre Uber, sujeta a la condición de que la Municipalidad dictara el correspondiente marco reglamentario, en una autorización parcial y temporal. La misma queda sujeta a igual condición respecto de la Municipalidad, esto es, al dictado de las reglamentaciones necesarias para definir expresa y normativamente esta situación. Todo ello, durante el tiempo que se materialice dicha reglamentación o que la cuestión de fondo sea judicialmente resuelta».
De este párrafo se puede sobreentender que la existencia de un nuevo marco regulatorio, será influyente para que los demás interesados (Cabify o Didi) se plieguen a la medida.
Antecedentes judiciales
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba se pronunció a favor de admitir parcialmente un recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Córdoba en contra de la decisión de la Cámara 2ª Contencioso-administrativa que lo había emplazado a dictar una ordenanza para regular el servicio de las aplicaciones de movilidad. En su resolución, los vocales de cámara otorgaron a la Municipalidad de Córdoba un plazo de 30 días hábiles judiciales para regular los servicios de transporte de autos con chofer, al entender que existe una omisión constitucional de carácter legislativo o reglamentario para la implementación operativa y práctica de la ordenanza N° 12859.
Al dictaminar sobre la cuestión, Pablo Bustos Fierro, fiscal General Adjunto subrayó que la Municipalidad de Córdoba tiene ya regulada la actividad del transporte con autos, tanto pública como privada, por lo que no cabe otra conclusión más que la “imposibilidad del Poder Judicial de emplazar a otra esfera de gobierno a reglamentar una actividad que en realidad ya se encuentra reglamentada”.
En tal sentido, el dictamen citó la ya mencionada ordenanza N° 12859, sancionada en diciembre de 2018, que prevé las siguientes como únicas modalidades para prestar el servicio : auto taxi, auto taxi para personas con discapacidad, auto remís, auto remís para personas con discapacidad y auto de alquiler de lujo.
Asimismo, recordó que en octubre de este año la Municipalidad de Córdoba sancionó una normativa que fija sanciones económicas a los conductores que transporten pasajeros con viajes concertados a través de aplicaciones, agencias o centrales no habilitadas, como es el caso de Uber.
En ese contexto, el MPF planteó “que el servicio público de autos de alquiler con chofer, dentro de la ciudad de Córdoba ya cuenta con su propia regulación y marco legal municipal vigente y Uber no encuadraría en la misma”. La resolución fue conocida en la tarde del viernes, dando la posibilidad a Uber, Cabify, Didi y al resto de las aplicaciones a poder funcionar en la ciudad.
