Como un mazazo a las finanzas diarias de las compañías y pymes. Así cayó la decisión del gobierno nacional de que se active un bono salarial de $60 mil, a pagar en dos cuotas y no remunerativo, para compensar el daño que produce la devaluación en los bolsillos de los asalariados.
La CAME fue una de las primeras en reaccionar, le siguieron agrupaciones vinculadas al agro y luego decenas de entidades más. En Córdoba, por estas horas comienzan a sumarse réplicas negativas al bono de entidades de todos los sectores.
Por estas horas, una de las expresiones más duras se sintetizó en el comunicado del G6, el espacio que nuclea a la UIC, Fedecom, la Bolsa de Comercio, la Cacec, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio de Córdoba. Expresaron:
“El conjunto de pequeñas, medianas y grandes empresas rechazan de plano la iniciativa oficial de un bono salarial a aplicar en los meses de agosto y setiembre. Solicitan firmemente dar marcha atrás con el anuncio y abstenerse de generar dicha obligación. Ante una economía en profunda crisis, intervenciones de esta naturaleza generan múltiples problemas que deprimen aún más la ya castigada actividad productiva”.
Y ampliaron: “Esta política económica destruye el salario, el que de ninguna manera se recupera con estas iniciativas si no con la implementación de las políticas adecuadas. Las distorsiones que produce son múltiples. Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos “adelantos” salariales”.
“Por otra parte, desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región del país. Las empresas venimos realizando múltiples esfuerzos para sostener la actividad y el empleo y en acompañar a nuestros trabajadores en los impactos que les genera día a día la inflación. Las actualizaciones salariales están siendo pactadas en paritarias entre el sector sindical y el empresario y cumpliéndose en todos sus alcances”.
“Por último, creemos urgente que las decisiones de política pública estén orientadas hoy a los problemas de fondo, íntimamente vinculados al déficit fiscal y se abstengan de tomar medidas sin previa consulta o consenso, más aún habiendo un proceso eleccionario en marcha”.
Lejos de eso, el gobierno redobló la apuesta y salió a comunicar que aplicará multas a las empresas que no acrediten los pagos. Una medida muy polémica y que se enmarca en el Plan Platita que ya activó el ministro/candidato para subirse a la senda de la competitividad, de cara a octubre.
