El oficialismo nacional logró en las últimas horas del miércoles 12 aprobar el mega paquete de leyes conocido como “Ley Bases” que busca una serie de profundas reformas para desregular buena parte de la economía.
Con un poroteo sumanete ajustado -al punto que la votación la debió desempatar la vice Victoria Villarruel las negociaciones y cambios en varias partes del articulado atravesaron buena parte de la jornada.
Uno de los capítulos que más cambios registró fue el del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que planteaba una serie de beneficios impositivos, fiscales y cambiarios para promover el desembarco de inversiones extranjeras mayores a los US$200 millones.
Allí hubo varios cambios. Según se informó, entre otras modificaciones se pactó:
- Sectores: se definió que las empresas que puede recibir los beneficios del RIGI deben operar en los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.
- Proveedores: los proyectos deberán detallar su plan de desarrollo de proveedores locales, a los cuales deberán asignar al menos el 20% de la inversión destinada a proveedores «siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad». El porcentaje mínimo deberá mantenerse tanto en la etapa de construcción como en la de operación.
- Cobro de expo: los cobros de las exportacionesde productos de los proyectos estarán exceptuados del ingreso a través del Mercado Libre de Cambios (MULC) desde el 20% una vez trascurridos los primeros dos años contado desde el momento en que se puso en marcha el proyecto, el 40% luego de los tres años y el 100% pasados los cuatro años.
- Acciones: se permite que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los proyectos adheridos al RIGI puedan ser transferidas, sean prenda de negociación, cesión o garantía sin necesidad de autorización de la autoridad de aplicación.
- Vehículos de Proyecto Único: se morigeró el procedimiento de aprobación de un Vehículos de Proyecto Único (VPU). Para evitar que por cuestiones de estricto rigorismo formal se rechacen proyectos o que la Administración incumpla plazos exiguos, se propuso modificar los primeros tres párrafos del artículo 175. Con este cambio se buscó morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU.
