Dos imputados por las presuntas estafas piramidales de One Coin intentan que el expediente que investiga el fiscal de Delitos Complejos provincial, Enrique Gavier, pase a los tribunales federales. Y hay un tercero que analiza la misma posibilidad, pero espera el dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre Generación Zoe.
Tratándose de un esquema piramidal Ponzi, similar al que se atribuye a One Coin y su sucesora, Zeven Coin, aguardan la tipificación de los posibles delitos que endilguen a sus responsables. Si la Procelac considera que a los líderes de Zoe los debe investigar la Justicia federal, es posible que invoquen sus argumentos para encuadrar el análisis de las conductas que les atribuyeron a los imputados. En efecto, hay una pesquisa en los tribunales ordinarios de Villa María y otra federal en Comodoro Py.
Hasta ahora, la causa One Coin tiene 17 imputados por asociación ilícita y estafas, de los cuales 14 permanecen detenidos en Bouwer. Los tres restantes son los hermanos búlgaros Ruja Ignatova y Konstantine Ignatov Plamenov (en prisión, pero en Estados Unidos por otro motivo) y el español José Gordo.
Intentos para obtener la competencia federal
Uno de los detenidos es Ricardo Beretta, defendido por la abogada Patricia Ibáñez. Desde prisión hizo una presentación en contra de los dos denunciantes –considerados víctimas– del expediente provincial, Mario Saposnicov y el policía Matías Ezequiel Font. También incluyó a José Gordo y a los hermanos búlgaros.
Concretamente, Beretta señaló que en el devenir de las operaciones para acceder a la falsa criptomoneda los aludidos cometieron evasión fiscal, lavado de activos, estafas y otros delitos, por lo que solicitó que se de intervención a la Afip, la Procelac y a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Según Beretta, para evitar ser perseguidos por evasión y lavado hicieron la denuncia y así se anticiparon consiguiendo convertirse en víctimas. Además, reseña una serie de maniobras con cuentas bancarias en Argentina que forman parte de la investigación penal del fiscal Gavier, pero les atribuye una calificación legal que ingresa a la jurisdicción federal: “Está clarísima la maniobra delictiva.
Este sistema solo tenía una finalidad: evadir impuestos, lavar dinero (nadie acreditó el origen de los mismos), sacarlo del país a través de terceras personas (transferencias, sistema ‘cable’ llevado adelante por financieras) y depositarlos en paraísos fiscales”. En relación al policía Font, Beretta indicó que conocía al detalle la operatoria de lavado y quiénes participaron, por haber sido el encargado de la seguridad personal de Ignatov en su visita a Córdoba y de las diferentes reuniones.
Como colofón de la denuncia afirmó que si se demuestra que las presuntas monedas ofrecidas eran solo pantallas para evadir y lavar activos, la causa deberá ser investigada por un juez federal y los denunciantes, de víctimas, podrían ser considerados partícipes de los delitos.
La denuncia ingresó al Juzgado Federal N°3. Interviene, además, el fiscal Carlos Casas Nóblega, quien estudia la denuncia para dictaminar si la considera procedente o no.
¿Es delincuencia organizada transnacional?
El otro planteo que sostiene jurisdicción federal fue realizado por el abogado Pablo Olmos, defensor de Daniel Cornaglia. Pidió que se aplique al caso la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que fue aprobada en nuestro país a través de la ley nacional 25.632.
La materia contenida en la norma indica que los delitos graves deben ser investigados y juzgados por jueces federales.
“Basta con una simple lectura para advertir que de la relación de los hechos por los que se encuentra acusado mi representado, surge un cúmulo de conductas o maniobras complejas en las que, ‘prima facie’, (… fueron) llevadas a cabo por personas físicas extranjeras pero también encubriéndose organizadamente detrás del velo jurídico de personas de existencia ideal, en su mayoría constituidas, estructuradas o radicadas en países extranjeros”, indicó el abogado.
El germen de todo es la empresa OneLife, con sede en Sofía, Bulgaria. Olmos advirtió que los argentinos considerados partícipes de la maniobra se confabularon para integrar el plan de alcance global liderado por Ruja Ignatova y su hermano desde el país europeo.
Hasta ahora el fiscal Casas Nóblega y el juez Vaca Narvaja entendieron que se trata de delitos comunes: estafas piramidales con sistema Ponzi y que el dinero era registrado y usado por los mismos organizadores de la banda. El engaño se habría perpetrado al ofrecer una supuesta criptomoneda que nunca existió, por lo que no hay interés de la Nación en juego. Por eso, el fiscal dictaminó el rechazo de la competencia federal y el juez avaló la postura. El defensor apeló y la Cámara Federal de Apelaciones debe resolver el planteo.
(Especial por María Ester Romero para Perfil Córdoba)
