La discusión fiscal en Argentina ha ingresado en una etapa crítica. Esta semana, el Senado de la Nación dio media sanción a un paquete de leyes que impacta de lleno en el corazón del programa económico del presidente Javier Milei: el superávit fiscal. Entre los proyectos aprobados se encuentran el aumento de haberes jubilatorios y fondos para la atención a personas con discapacidad, así como la redistribución de impuestos sobre los combustibles y los criterios de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El Gobierno nacional interpreta este avance legislativo como un intento directo de la oposición por debilitar su estrategia económica. No es para menos: las cifras que manejan economistas como Nadin Argañaraz y Marcelo Capello muestran que el equilibrio fiscal alcanzado con un fuerte ajuste corre riesgo de desmoronarse.
El impacto del gasto: jubilaciones y discapacidad
El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, cuantificó con precisión el impacto fiscal de los dos proyectos más sensibles: el aumento a los jubilados y los fondos para discapacidad. “Según nuestros cálculos, el impacto fiscal para un año completo puede ser del 1,3% del PBI. Sólo jubilaciones, con el aumento del monto más el bono, representan un punto del producto. El gasto en discapacidad suma 0,3%”, explicó.
Con esos números, la Argentina pasaría de un superávit de 0,3% del PBI —logrado en el primer semestre del año— a un déficit de un punto del producto, en caso de que no haya una contrapartida en los ingresos. “Para el Gobierno, el superávit es el ancla clave para seguir bajando la inflación”, sostuvo Argañaraz. Y advirtió: “Si se pierde esa ancla, el Gobierno tendría que volver a emitir. Y si vuelve a emitir, se reactivaría el proceso inflacionario”.
El especialista recordó que el impuesto inflacionario (la recaudación que genera el Estado por pérdida de poder adquisitivo de la moneda) podría caer este año del 4,7% al 2,4% del PBI gracias al ajuste fiscal. Pero si se derrumba el equilibrio, el riesgo es que factor vuelva a crecer, complicando la estabilidad de precios.
Combustibles y ATN: el reparto de los fondos
El otro frente de conflicto está en los proyectos que modifican la coparticipación de impuestos sobre combustibles y los ATN. Marcelo Capello, economista de la Fundación Mediterránea, explicó que el impacto fiscal directo de ambos proyectos rondaría el 0,2% del PBI, lo que representaría “la mitad del superávit previsto para este año”.
Pero más allá de lo cuantitativo, Capello puso el foco en las señales políticas que se envían a los mercados. “Estos proyectos, junto con otros que podrían tratarse, atacan el centro del programa de Milei. El mensaje es claro: el Congreso puede manejar el programa económico. Y eso tendrá una lectura negativa para los mercados”, advirtió.
En cuanto al proyecto que aumenta la participación de las provincias en el impuesto a los combustibles, Capello alertó que “si la plata que iba a fondos fiduciarios para rutas nacionales pasa a las provincias sin un compromiso de mantenimiento, se complica cada vez más la solución al problema de la infraestructura nacional”.
Por el lado de los ATN, el debate gira en torno a si deben seguir siendo un fondo discrecional del Ejecutivo para emergencias o pasar a coparticiparse automáticamente. Para Capello, convertirlos en coparticipables “daría más dinero de libre disponibilidad a las provincias, que iría en gran medida al gasto corriente”. Y plantea un dilema de fondo: “Lo que hace falta no es gastar más, sino bajar impuestos. Si las provincias van a recibir más por ATN, debería ser para reducir la presión tributaria”.
Argañaraz coincide: “Si Nación no está gastando esos fondos y los ATN se distribuyen, entonces las provincias sí los gastarían. Es un cambio de manos, pero que reduce el superávit de la Nación. Y si eso ocurre, se debilita la herramienta central de estabilidad”.
Provincias bajo presión
Tanto Nación como provincias enfrentan restricciones. Argañaraz mostró que mientras el gasto real del Gobierno nacional crece este año un 5,6%, en las provincias el incremento es del 15% en promedio durante el primer trimestre. “Eso no es sostenible. Las provincias no tienen margen para un gasto real que crezca por encima del 5% en todo el año”, advirtió.
Además, recordó que, en el ajuste de 2023, el 28% de la reducción del gasto nacional fue por jubilaciones y salarios públicos, mientras que en las provincias ese rubro explicó el 55% del ajuste. “Las provincias también asumieron costos políticos fuertes, como pasó en Córdoba”, señaló.
Por eso, no sorprende que los gobernadores busquen ahora recomponer ingresos y autonomía. El riesgo es que, en el camino, se desarme el esquema de orden fiscal que permitió reducir la inflación.
¿Presupuesto 2026 o batalla política?
Tanto Capello como Argañaraz coinciden en que esta pulseada fiscal es la antesala de una discusión más profunda: la del Presupuesto 2026. Allí se jugará la posibilidad de acordar un nuevo marco fiscal y rediscutir las bases del federalismo financiero.
“Argentina necesita un pacto donde los dos niveles de gobierno se comprometan con el equilibrio fiscal, con mejoras para la competitividad y reformas tributarias”, sostuvo Capello. Pero reconoció que ese pacto “ya debería haberse discutido, y este año prácticamente se ha perdido”.
Argañaraz también apuntó al presupuesto como la oportunidad para redefinir prioridades: “Si vamos a mejorar las jubilaciones, discutamos las exenciones impositivas que hoy representan el 2,5% del PBI. No alcanza con ingresos de una sola vez, necesitamos cambios estructurales”. Con un Congreso más activo, provincias que piden más recursos y un Gobierno aferrado a su ancla fiscal, el debate económico argentino ingresa en una zona de alta tensión. Lo que está en juego no es sólo el superávit: es el rumbo de la estabilidad económica en un país que intenta, una vez más, encontrar su equilibrio.
