(Por José Busaniche, especial para Perfil Córdoba). La intención del gobernador Juan Schiaretti de proponer una alternativa equidistante de ambos extremos de la grieta fue perdiendo sustento en las últimas semanas. O al menos comenzó a reperfilar su estrategia electoral.
Los magros números que le devuelven las encuestas nacionales –sus colaboradores insisten en que su precandidatura presidencial ganaría holgadamente en Córdoba- parecen haberlo convencido de que si quiere tener alguna chance de jugar expectablemente en las ligas mayores y mantenerse en la carrera para una fórmula rumbo a Balcarce 50 debe aproximarse a uno de los costados de esa grieta.
Por eso es que comenzó a instalarse desde hace algunas semanas –hubo un primer globo de ensayo a fines del año pasado- la posibilidad de ser parte de una PASO en Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta le habría subido el pulgar, Carrió no lo quiere y Bulrrich orejea las cartas que le pasa Macri antes de definir. Se incline para donde se incline, y aún en el caso de que Schiaretti no se incorpore a una PASO con Juntos por el Cambio, quedó claro que la intención está y las operaciones para hacerlo posible se pusieron en marcha.
Se impuso la grieta.
Este concepto, esta línea que se traza hace tiempo y que está tan arraigada en el plano de la disputa política, comenzó a convivir en otra capa: el de la actividad económica y el de la sostenibilidad cotidiana de las empresas.
La presencia de la grieta productiva siempre estuvo flotando en el aire, pero se hace particularmente concreta en algunas instancias. Y son síntoma de la crisis. Una primera postal de la grieta productiva contemporánea la graficó la pelea por intentar imponer la Resolución 125 que buscaba instalar un esquema de retenciones móviles, algo que el sector primario y las provincias vinculadas al campo no dudaron de calificar como una medida confiscatoria.
La seguidilla de estatizaciones y de intervenciones directas del gobierno nacional bajo los distintos tonos que adquirió el kirchnerismo fue otro. Vicentin fue un nuevo intento fallido en que se manifestó esta grieta productiva a la que le siguieron otros capítulos como los conocidos programas de control de precios, de regulación de precios relativos y de creación de institutos, fondos y fideicomisos para manipular y monitorear los mercados.
Grieta productiva albertista. Desde la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández, ya transitando la postpandemia la grieta productiva tomó otro tono. Más impuesta por la realidad indisimulable de un Estado y de un sector público que consume más de lo que produce, que alimenta el tamaño de sus déficit y se comió progresivamente las pocas divisas que atesoraba el Banco Central para devolver pesos al mercado, los bancos, las empresas, las familias.
La nueva grieta productiva, la que impone la falta de dólares, se endurece día a día. Elimina la posibilidad de planificar a largo plazo -“estamos día a día, desde hace tiempo”, confesó el domingo pasado a Perfil Córdoba el presidente de Fiat Argentina Martín Zuppi-; altera la posibilidad de hacer negocios con el exterior; complica la relación con clientes, proveedores y agentes de financiación externos; desalienta la creación de empleo calificado; comienza a borrar del mapa global la presencia de productos argentinos; altera inversiones y actividad. Y va a pegar en el empleo.
“Cuando no podemos comprar insumos no podemos producir y si encima tenemos poca demanda por la sequía el panorama es complejo. Hay gente que tomó muchos empleados la campaña pasada y esas fábricas van a tener que cesantear”, explicó un empresario de la agroindustria sobre lo que se vive en localidades como Marcos Juárez, Las Varillas o Bell Ville.
Con la escasez de divisas el cepo mantiene su rigidez y la grieta productiva se ensancha. Para las empresas, que cada vez tienen más complicaciones para hacerse con dólares en los mercados oficiales financieros en abril y mayo comenzaron a enfrentarse a otro obstáculo: la normativa del Banco Central que extiende a 365 días el pago de las importaciones de bienes de capital (máquinas, insumos y repuestos para la producción industrial) y los fletes para la importación y exportación (SIRASE).
Las trabas operativas y logísticas comenzaron a resquebrajar el día a día de las empresas. “Los pagos para bienes de capital se hacen a 365 días y eso comercialmente no existe”, se quejó Luis Macario, presidente de la UIC.
El jueves, el ejecutivo estuvo sentado junto al ministro de Industria de la Provincia, Eduardo Accastello en una conferencia de prensa sobre el tema. Allí, Accastello fue tajante: “Seguimos incrementando acciones burocráticas porque el objetivo ante la falta de dólares es que no se importe ni se exporte, lo que va en contra de la producción e industrialización de Córdoba y de Argentina”.
A fines de marzo se había elevado pedido a De Mendiguren con pocas expectativas y nulas novedades.
También esta semana, otra cámara elevó los reclamos. El 76° aniversario de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (Cimcc) quedó empañado por las restricciones para trabajar que impone esta grieta productiva.
200 empresarios y ejecutivos escucharon a Gustavo del Boca de esa cámara al respecto: “Voy a ser bien concreto en esto: no podemos seguir sosteniendo un país centralizado en Buenos Aires. No soy el único que lo dice, pero vale la pena recordar esta necesidad una vez más. Debemos regular mirando la necesidad de nuestra provincia. ¿Cuánto producimos y cuánto recibimos? Hablo de variables como la presión tributaria, inflación descontrolada, cepo a las importaciones de insumos para producir, impuestos a quienes exportamos, falta de créditos, entre muchas más.
Una nueva. La vigencia del cepo convive con otras regulaciones –necesarias-, pero también con algunas iniciativas que suman más burocracia, costos e inversión en tiempo para las empresas que buscan hacer pie en el comercio exterior.
En las últimas horas se conoció un proyecto de normativa de la Administración Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) denominado Registro Sanitario de Empresas Exportadoras de Alimentos. Para los funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia se trata de otro ladrillo burocrático para regular y controlar algo que ya se regula y controla.
Por eso la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la Provincia elevó esa preocupación de sumar más burocracia a la Anmat.
En la cartera que comanda Eduardo Accastello apuntaron que la norma impactaría negativamente en los procesos de exportación de alimentos perjudicando la competitividad, en especial para las pequeñas y medianas empresas provinciales, teniendo en cuenta que Córdoba cuenta con sistemas que funcionan efectivamente para garantizar la calidad e inocuidad y el prestigio de los alimentos argentinos a nivel internacional.
Así, el proyecto en cuestión implicaría que una empresa elaboradora con Registro Nacional de Establecimiento –RNE-, habilitada y fiscalizada por la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de Córdoba, como Autoridad Sanitaria Jurisdiccional, debería gestionar otra habilitación para poder exportar, resultando una duplicación de registros.
“Este proyecto de ANMAT significa una centralización en la gestión ante la autoridad nacional, desconociendo el trabajo federal llevado a cabo a lo largo de los años en el marco del Programa Federal de Control de los Alimentos y la experiencia jurisdiccional en el control para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos exportados, sin mediar incidentes alimentarios internacionales de gravedad”, remarcaron desde la Provincia.
