Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que entre noviembre de 2023 y enero de 2025 se perdieron 43.778 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, lo que representa una reducción del 12,8% de la dotación de personal. Este ajuste se enmarca en la política del gobierno de Javier Milei, que busca achicar el Estado y disminuir su capacidad de gestión y regulación.
Las empresas más afectadas
El recorte ha golpeado especialmente a las empresas públicas y sociedades estatales. El Correo Argentino encabeza la lista con una reducción de 4.705 empleados, seguido por ARCA (ex AFIP) con 1.694 bajas. También se registran importantes disminuciones en Aerolíneas Argentinas (-1.558), AySA (-1.463), Conicet (-1.422), la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (-1.333), Anses (-1.272), Banco Nación (-765) y Enacom (-719).
En términos porcentuales, la empresa Desarrollo de Capital Humano Ferroviario prácticamente desaparece, con una reducción del 99,7% de su personal. También se destacan los recortes en la Agencia de Publicidad del Estado (ex Télam), que perdió el 79% de su dotación, y la energética ENARSA, que sufrió una baja del 67%.
Impacto en áreas clave
Más allá de los números, el ajuste también afecta a sectores estratégicos. Un ejemplo es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 60% de su personal. En el ámbito de la salud, el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte sufrió una reducción del 52% de sus empleados, lo que ha generado movilizaciones en rechazo al cierre de la institución.
El Banco Nación, que ha sido mencionado en diversas ocasiones como posible candidato a privatización, registró 765 despidos, mientras que el sistema ferroviario experimentó una fuerte contracción con bajas en la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y en Desarrollo de Capital Humano Ferroviario.
Un ajuste estructural
El informe del CEPA destaca que la reducción de personal en la Administración Pública Nacional es una política deliberada del gobierno de Milei, orientada a disminuir no solo el tamaño del Estado, sino también su capacidad de intervención en distintos sectores. Esto incluye la eliminación de programas, la reducción de organismos descentralizados y el ajuste en empresas estatales.
El debate sobre el rol del Estado y el impacto social de estos despidos sigue abierto, mientras distintos sectores afectados advierten sobre las consecuencias de un desguace que, según sostienen, puede afectar la prestación de servicios esenciales y la capacidad del país para regular su propia economía.
