El expediente que resumía las deudas de Vicentin, con varias fojas, sumaba unos $100 mil millones al momento de su caída. Además del Banco Nación, que era uno de los principales acreedores, la gran mayoría de las firmas, cooperativas y productores afectados estaban en Santa Fe y Buenos Aires. Pero en Córdoba también hubo decenas de compañías alcanzadas.
Se estima que el 5% de las deudas de Vicentín era con productores y empresas de Córdoba. De todas ellas, una de las más importantes es la productora, acopiadora de granos y comercializadora de insumos y servicios Morel Vulliez, de Monte Maíz.
Se trata de una firma familiar, fundada por Mónica Fernández y Carlos Morel Vulliez en 1993, que es uno de los comercializadores número 1 de Syngenta y que tiene capacidad de acopiar 80.000 toneladas en sus dos plantas de Monte Maíz e Isla Verde.
“De la noche a la mañana nos encontramos con que nos debían US$ 8,5 millones. Con una soja a US$ 230, si pensamos lo que vale la soja hoy tengo que estimar que son unos US$ 14 millones. Es mucha planta. Nos hicieron mucho daño, pero salimos adelante. Tuvimos que vender un campo de 1.000 hectáreas, un muy buen campo para cumplirle a nuestra gente. No frenamos y no le debimos nada a nadie. Pero mucho más chicos cayeron”, comentó Morel Vulliez.
“Yo no estoy a favor de la estatización, pero el Estado debería tomar alguna participación, alguna forma de sociedad mixta donde se ordene. Otra alternativa es que el proceso avance y entren capitales extranjeros para hacerse con el control. Si la empresa va a la quiebra nadie va a cobrar. Yo creo que no vamos a ver un peso, lo cuento como pérdida, pero algunas opciones hay. Además, esto no fue una caída o una quiebra porque hicieron algunas cosas mal, se equivocaron o les salieron mal los negocios. Esto fue otra cosa. Hasta el último día nosotros les entregamos mercadería a Vicentin. Siguieron sacando créditos y compraron propiedades, campos y otros negocios. Esto fue una estafa armada y preparada”, aseguró Morel Vulliez.
La causa
Vicentin pidió su concurso preventivo, el 5 de marzo de 2020, por una deuda que supera los US$1.300 millones. El próximo viernes , vence el plazo del juez Fabián Lorenzini para que la empresa presente las conformidades de los acreedores para su eventual homologación.
Ayer, la agropexportadora presentó un recurso ante la Suprema Corte de Santa Fe de revocación del decreto que el pasado 16 de junio firmó el cuerpo por el cual se procedió a la suspensión del concurso de acreedores, y el estudio correspondiente de las actuaciones realizadas por el juez.
