Por Jorge Vasconcelos
A fin de 2015, la Argentina sobrellevaba una economía que carecía de crédito externo, en la que resultaba muy caro producir y en la que el horizonte para la toma de decisiones se contaba por meses. Año y medio después, con la nueva gestión, el acceso al mercado financiero internacional se ha recuperado, aunque el riesgo país no ha bajado lo suficiente; en algunos sectores se ha recompuesto competitividad; mientras que el futuro ahora puede bosquejarse con bastante más nitidez.
Las boletas que todavía se están contando de las PASO, y lo que preanuncian para las legislativas de octubre, reflejan que no ha habido un “voto castigo” generalizado, pese a que el oficialismo a nivel nacional tuvo que hacer el “trabajo sucio” que la administración anterior buscó deliberadamente postergar. Parece ratificarse la “racionalidad oculta” que puede encontrarse en cada votación desde 1983, un fenómeno que, de todos modos, lejos está de otorgarle un “cheque en blanco” al bando triunfador de cada momento.
Rodrigo Zarazaga, autor de varios trabajos sobre la sociología del Conurbano bonaerense subrayó, a propósito de los resultados de las PASO, que la brecha que la ex presidenta habitualmente lograba a su favor en 19 municipios del sur del Gran Buenos Aires en relación a su oponente más cercano se achicó de 50 puntos porcentuales en 2011 a 13 puntos en agosto de 2017.
Un fenómeno de estas características no puede ser explicado por un solo factor, pero sin dudas hay votos que se alejan del gobierno anterior por promesas incumplidas y deterioro de condiciones de vida que no se atribuyen a la actual gestión, así como reconocimiento a medidas de contención social que no sólo se mantuvieron sino que se han reforzado y focalizado mejor desde fin de 2015. Aun así, está claro que la situación social habrá de seguir siendo inestable hasta que los índices de pobreza comiencen a mostrar una tendencia firme a la baja, algo que hoy todavía no ocurre.
De todos modos, del trípode de ataduras que sufría la economía argentina a fin de 2015, los avances en materia de crédito externo y la ampliación del horizonte que conlleva el resultado de las PASO, permiten y exigen, al mismo tiempo, un énfasis renovado en la recuperación de la inversión privada y de la competitividad.
Y esta dimensión requiere nuevos acuerdos parlamentarios, que seguramente se habrán de facilitar tras las legislativas de octubre, pero siempre con un oficialismo en minoría. Por esa característica, no conviene que el gobierno disperse las energías en un arsenal de leyes de negociación prolongada.
Por ejemplo, la reforma al régimen de coparticipación federal podría demorar demasiado y, además, siempre quedaría pendiente su aprobación por parte de las legislaturas provinciales.
Dado que, muy probablemente, la Corte Suprema le habrá de dar la razón a la provincia de Buenos Aires en su reclamo por recuperar el “Fondo del Conurbano”, quizá lo más práctico resulte intentar una reforma “de facto” al sistema de coparticipación, mediante la reingeniería de impuestos y asignaciones de gasto, muchos de las cuales podrían ser aprobados por mayoría simple en las Cámaras.
Se trata de encontrar común denominador para objetivos distintos pero convergentes: mayor equidad en la distribución de recursos y responsabilidades entre Nación y Provincias; incentivos para reducir la informalidad, de modo de recaudar más con menos impuestos; recorte de los tributos más distorsivos, que son los que desalientan el empleo, las exportaciones y la formación de cadenas de valor.
Dado el elevado déficit fiscal del que se parte, son medidas que requieren un cronograma de ejecución a lo largo de varios años. Si alguna “virtud” tienen los tributos distorsivos es que su reducción puede permitir avances impensados en la formalización de la economía. Con responsabilidad de distintas jurisdicciones, este listado incluye los impuestos al trabajo, al cheque, a los Ingresos Brutos y las tasas municipales.
Los problemas de evasión (y la existencia de numerosas exenciones) se reflejan con nitidez en el IVA. Por cada punto de alícuota, este tributo recauda 0,34 % del PIB, mucho más cerca de los 0,24 puntos de México, un país dominado por la informalidad, que de Nueva Zelanda (0,65 %del PIB).
