Pese a la enorme importancia que conlleva la construcción en general y la obra pública en particular, el sector no es ajeno a la debacle económica atraviesa el país, mientras que en el aspecto privado prevalece lo que ocurre con los demás sectores: caídas abruptas de la inversión y de venta de materiales. Como dato, el ultimo índice Construya mostró una caída interanual del 40%. En lo que corresponde a la inversión pública es necesario establecer dos escenarios muy diferentes. Uno a nivel nacional y otro a nivel provincial.
En función de desarrollar este tema en profundidad contactamos al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba, Horacio Berra quien analizó el escenario económico y político que afecta al sector.
“A nivel nacional está totalmente frenado e inactivo ante una política cuyo diseño deja de lado la participación del Estado como inversor y entiende que todas las necesidades del usuario deben ser cubiertas por los privados. Se está trabajando en llevar soluciones que harán foco en los lugares en donde sea posible la participación privada, pero no hay negociaciones técnicas y/o económicas tendientes a solucionar verdaderamente el incumplimiento de los contratos en que ha incurrido el Estado en las obras en ejecución: las obras están prácticamente desfinanciadas porque la Nación adeuda certificados desde el inicio de la gestión y paralizadas por tal motivo, con todo lo que ello representa en términos de pérdidas de recursos, y fundamentalmente la imposibilidad de que los usuarios destinatarios puedan disfrutar de las mismas”, analizó Berra.
En relación a planes de inversión a corto, mediano o largo plazo remarcó: “en este punto, tenemos una diferencia, pero tampoco hay oficialmente una posición manifiesta porque entendemos que es virtuoso que el Estado pueda facilitar las inversiones privadas, pero entendemos que las mismas van a llegar una vez consolidado el Estado en términos de seguridad jurídica. Y además para hacer mención al modelo chileno tan en boga, no llegan al 10% del total de inversión, es decir, que el Estado además de regular, se hace cargo del 90 % restante”, dijo.
A nivel Córdoba, “la realidad es distinta”, considera el empresario. “El gobierno de Córdoba ha entendido hace mucho tiempo que invertir en infraestructura es apostar al crecimiento, desarrollo y competitividad. Aquí se están honrando los contratos vigentes y tenemos un vínculo con los diferentes estamentos municipales y provinciales en donde nos sentamos en mesas de trabajo para intentar desarrollar de manera conjunta un plan de prioridades tanto para el mantenimiento de la infraestructura existente como para las nuevas inversiones”, planteó Berra.
Y agregó: “en provincia y ciudad, se está avanzando en las obras en ejecución, y se ha generado un pequeño bache en las nuevas proyectadas a causa de una adecuación de presupuestos producto de la inflación; por lo que el llamado a licitación de estas obras es lo que estamos aun esperando”.
¿De cuánto fueron los incrementos en los costos de construcción?
-Difiere dependiendo de los materiales, pero para dar datos concretos de índices de nuestra Cámara, el crecimiento interanual del costo de construcción en el rubro materiales (Feb24 Vs Feb 23) es del 330 %. Para la DGEC de nuestra provincia, cuyo índice mide otras variables en términos de calidad el crecimiento para ese período es del 280%. Así que, entre esos parámetros, podemos ubicar una media anual.
-¿Qué esperan para la segunda mitad del año?
-Para la segunda mitad del año esperamos que el proceso inflacionario tenga una caída, tal como se viene percibiendo actualmente.
-¿Qué está pasando con el empleo del sector?
-Lamentablemente, a nivel nacional, estamos hablando de la posibilidad de pérdida de miles de puestos de trabajo entre directos e indirectos. En lo que va del año, el número medido por IERIC para el último periodo del que tenemos datos (Ene 24 vs. Dic 23) es de una reducción del 5.6% en Nación. A nivel provincial, ese número baja un 40% llegando al 3,6 %. Si vamos a la medición interanual, esos números ascienden al 12% (45.000 personas) en Nación y al 9% (2.500 personas) en provincia; lo que demuestra una vez más que el mantenimiento de la política de inversión en nuestra provincia está haciendo diferencias también en el mantenimiento de los puestos de trabajo.
¿Y en adelante…?
-Estos números no representan aún la gravedad que puede tener la caída a partir de febrero en donde se va a empezar a sentir más el impacto de las medidas económicas a nivel nacional y en particular hacia nuestro sector.
-¿Cómo analiza los primeros meses de la gestión Milei?
-En lo general, totalmente de acuerdo con la necesidad de bajar la inflación y con la búsqueda del déficit cero. También es muy importante la intención de apoyar la inversión privada, que llegará en el momento que pueda demostrar que hay continuidad jurídica e institucional.
En lo que respecta a nuestro sector, y particularmente en lo que respecta a la inversión pública en infraestructura, social o económica, considero que el diseño que se está haciendo no es el correcto y será muy perjudicial mantenerlo hacia el futuro: el incumplimiento de los contratos generará reclamos que el Estado deberá afrontar a mediano plazo. En caso se decida, la reiniciación y puesta en valor de las obras paralizadas y vandalizadas generarán mayores costos a los previstos originariamente.
Los principales perjudicados seremos los usuarios en lo que respecta a los mantenimientos sencillos de rutas, escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, etc. que empiecen a tener problemas y que no puedan estar comprendidos en el paraguas de los inversores privados. O la provisión de servicios esenciales en lugares remotos. Ni hablar de la extensión de redes de comunicaciones, y tantas otras obras que hoy están en discusión.
Surgen muchas preguntas a las que con el diseño que se pregona de 100% de inversión privada no encuentro respuesta: ¿es posible la inexistencia del Estado en la regulación de este tipo de actividades? ¿O en las decisiones estratégicas en cuanto al desarrollo? ¿Pueden grupos de personas en lugares sin ningún tipo de recupero económico generar soluciones que les permitan llevar a cabo sus actividades normalmente? A mi criterio no. En definitiva, se está privando el acceso del ciudadano a mejoras de infraestructura necesarias e imprescindibles para la vida cotidiana.
