La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) volvió a poner en agenda la necesidad de avanzar en una reforma laboral que modernice el marco normativo y acompañe la realidad del sector. Así lo expresó su presidente, Sebastián Parra, al analizar la situación del comercio y los servicios, un entramado clave para la economía provincial que hoy enfrenta fuertes restricciones para crecer y generar empleo.
Según datos relevados por la entidad, el comercio y los servicios aportan el 40% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Córdoba y concentran el 47% del empleo formal, lo que equivale a 255.500 puestos de trabajo. Sin embargo, ese peso económico contrasta con un escenario de desaceleración: menor ritmo de crecimiento, caída en la cantidad de empresas y dificultades para incorporar personal.
“Estamos hablando del principal motor de empleo de la provincia, pero que hoy está condicionado por un contexto muy complejo”, advirtió Parra en su paso por el programa «6 en Punto a Punto». En ese marco, la Cámara diagnosticó una “triple amenaza” que compromete la viabilidad de los comercios: ventas estancadas o en baja, costos crecientes y rentabilidad decreciente.
De acuerdo con una encuesta sectorial, el 57% de los comerciantes identifica a la carga impositiva como su principal problema, a lo que se suman aumentos sostenidos en gastos operativos y una retracción del consumo que limita los ingresos. “Con márgenes cada vez más chicos, se hace muy difícil reinvertir o pensar en tomar más personal”, señaló el dirigente.
Los “puntos de dolor” de la normativa laboral
Desde la Cámara aclaran que la propuesta de modernización laboral no apunta a recortar derechos, sino a corregir distorsiones que hoy generan incertidumbre jurídica y desalientan la contratación. En ese sentido, Parra enumeró tres aspectos puntuales de la legislación vigente que el sector considera prioritarios de revisar.
Uno de ellos es la situación de empleados jubilados o próximos a jubilarse. “Hoy existe una gran incertidumbre cuando una persona ya jubilada denuncia una incapacidad y la empresa termina afrontando una indemnización completa, aun cuando ese trabajador ya tiene cobertura previsional”, explicó. La propuesta es modificar el texto legal para eximir a las empresas de ese pago en esos casos.
Otro punto crítico es el tratamiento de premios y comisiones por productividad. Actualmente, esos incentivos suelen incorporarse al cálculo del salario habitual, lo que encarece de manera desproporcionada las indemnizaciones. “Esto genera un efecto perverso: muchos empresarios prefieren no otorgar premios por productividad para no incrementar sus pasivos futuros”, sostuvo Parra. La Cámara propone clarificar la norma para evitar que esos incentivos distorsionen el costo indemnizatorio.
El tercer eje tiene que ver con las licencias por enfermedades no inculpables, especialmente las de carácter psiquiátrico. “No hay una delimitación clara y eso termina generando costos importantes por ausencias que muchas veces se consideran injustificadas”, planteó el titular de la CCC. En este caso, la propuesta es establecer criterios más precisos que eviten abusos y reduzcan costos operativos sin desproteger al trabajador.
Expectativa por el debate legislativo
La Cámara de Comercio de Córdoba sigue de cerca el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y, en particular, en el Senado. Según confirmó Parra, representantes de la entidad ya mantuvieron reuniones con senadores nacionales por Córdoba para acercar estas inquietudes y buscar que los planteos del sector sean incorporados al proyecto final.
“La modernización de las leyes laborales es un paso indispensable para darle previsibilidad al empresario, simplificar la operación diaria y crear las condiciones para que se genere más empleo formal”, concluyó. Para el sector, la ecuación es clara: sin un marco legal actualizado que reduzca la incertidumbre, será difícil revertir la tendencia de menor actividad y pérdida de empresas en uno de los pilares de la economía cordobesa.
