El ecosistema fintech argentino, que ha sido el principal motor de la inclusión financiera y la digitalización del consumo en los últimos años, enfrenta un nuevo desafío regulatorio. Un proyecto de ley impulsado por el bloque de Unión por la Patria busca terminar con la asimetría normativa que existe entre los bancos tradicionales y las plataformas digitales de crédito.
Bajo el argumento de prevenir el sobreendeudamiento en contextos de alta inflación, la propuesta introduce controles que impactan directamente en el corazón de la agilidad fintech: la inmediatez y la baja barrera de entrada al financiamiento.
1. Supervisión directa del Banco Central
El eje central de la propuesta es la obligatoriedad de que todas las entidades no bancarias que otorguen crédito se inscriban en un registro bajo la órbita del BCRA. Esto implica que el organismo tendrá facultades para:
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Realizar auditorías y controles de supervisión.
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Aplicar sanciones que incluyen multas, suspensiones o inhabilitación de directivos.
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Intervenir en el mercado de préstamos que hoy opera bajo normativas más flexibles que las de los bancos.
2. Topes a las tasas y fin de la «letra chica»
El proyecto establece límites estrictos al costo del dinero para evitar prácticas que puedan considerarse usura:
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Límites: Las tasas de interés no podrán exceder los topes fijados por la Ley de Tarjetas de Crédito.
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Transparencia: Las plataformas estarán obligadas a informar de manera clara el Costo Financiero Total (CFT), prohibiendo la comunicación exclusiva de tasas nominales (TNA o TEA) que omitan comisiones o seguros.
3. Restricciones al «Crédito a un clic»
Uno de los cambios de mayor impacto operativo es la prohibición de otorgar créditos de forma automática. Según el texto:
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Será obligatorio realizar una evaluación de solvencia previa a cada préstamo.
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El endeudamiento del usuario tendrá un límite: la cuota no podrá superar el 30% de sus ingresos.
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Se requerirá validación de identidad mediante biometría para prevenir fraudes.
4. Nuevos estándares de atención y responsabilidad
A diferencia del modelo actual 100% automatizado, la ley exigiría a las fintech:
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Garantizar canales de atención con intervención humana.
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Contar con espacios físicos para la recepción de reclamos.
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Asumir la responsabilidad total por fallas técnicas, caídas del sistema o errores en el procesamiento de pagos.
5. Regulación de las cobranzas extrajudiciales
La iniciativa también busca normalizar la relación entre las empresas y los deudores morosos, limitando las prácticas de los estudios de cobranza:
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Horarios y frecuencia: Solo se permitirán hasta dos llamadas diarias, exclusivamente de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas.
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Privacidad: Queda prohibido el contacto con familiares o empleadores, así como el uso de números ocultos y las amenazas judiciales simuladas.
El debate por la asimetría: ¿Nivelar la cancha o frenar la innovación?
Uno de los puntos de mayor fricción que introduce este proyecto es la equiparación de las reglas de juego con la banca tradicional. Históricamente, el sistema financiero ha reclamado por lo que denominan una «asimetría regulatoria»: mientras los bancos operan bajo estándares estrictos de encajes, capitales mínimos y atención al usuario exigidos por la Ley de Entidades Financieras, las fintech han crecido bajo un esquema de proveedores no financieros de crédito, con estructuras de costos más bajas y procesos automatizados.
Si el proyecto prospera, esa ventaja competitiva de las plataformas tecnológicas podría erosionarse. Al obligar a las fintech a realizar evaluaciones de solvencia manuales o más rigurosas y a limitar su capacidad de fijar tasas, el mercado podría asistir a una convergencia forzada:
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Costos operativos al alza: La exigencia de atención humana y espacios físicos de reclamo desarticula el modelo «light» de las startups, obligándolas a invertir en infraestructura y personal que antes era suplido por algoritmos.
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Retracción de la oferta: Analistas del sector advierten que los límites a las tasas y el tope del 30% del ingreso podrían dejar fuera del mercado a los segmentos de mayor riesgo (los no bancarizados), empujándolos nuevamente hacia la informalidad financiera.
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Ventaja para la banca tradicional: Con tasas topeadas y mayores exigencias administrativas para las fintech, los bancos podrían recuperar terreno en el segmento de préstamos de consumo, donde hoy las aplicaciones dominan por velocidad y experiencia de usuario.
En definitiva, lo que está en juego en el Congreso no es solo un régimen de transparencia, sino una posible reconfiguración del mapa del crédito en Argentina. Para las fintech, el desafío será mantener la agilidad operativa en un entorno que busca volverlas, a la fuerza, cada vez más parecidas a un banco.
