Una de las zonas más degradadas de la ciudad de Córdoba —marcada por el abandono, la inseguridad y la falta de planificación— podría transformarse en el nuevo corazón urbano de la capital. El proyecto Nuevo Güemes plantea una intervención profunda en este sector de la ciudad, con una mirada puesta en el espacio público, la sostenibilidad y la vida comunitaria.
Impulsado por la Comisión de Planificación de la Cámara de Empresarios Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), presidida por Lucas Salim (CEO de Proaco), y diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura Mario Roberto Álvarez y Asociados (MRA+A), el proyecto busca reconvertir 30 hectáreas del barrio en un distrito urbano y verde.
El proyecto propone reconvertir 30 hectáreas del barrio, generando un nuevo parque central de aproximadamente nueve hectáreas que articulará distintos sectores del área. Este pulmón verde busca unificar la vitalidad del centro con el Hospital Misericordia, extendiendo además el corredor verde desde Ciudad Universitaria y conectando el Parque Sarmiento con la Plaza de las Américas, La Cañada y avenida Julio A. Roca.
Romper con la ciudad del pasado
Con más de 90 años de trayectoria, el estudio MRA propone romper con el esquema tradicional de la manzana cerrada, liberando suelo y priorizando la conexión de espacios verdes para devolver la naturaleza al corazón urbano.
“El modelo de manzana tiene 5.000 años. Ya no sirve”, señala el arquitecto Fernando Sabatini.
En su lugar, se plantea una red de espacios públicos abiertos, con edificios de entre 10 y 60 metros de altura, distanciados entre sí para garantizar luz natural, ventilación y relación con el entorno. Además, el proyecto contempla la recuperación de espacios emblemáticos, como la ex cárcel, que será reconvertida en un polo educativo y cultural rodeado de naturaleza.
Urbanismo del siglo XXI
Nuevo Güemes no es solo un desarrollo inmobiliario. Representa un cambio de paradigma urbano: una ciudad mixta, caminable, inclusiva y sostenible, que funcione 24/7. El proyecto integra usos residenciales, comerciales, educativos y sanitarios, con el objetivo de evitar la fragmentación urbana típica de los barrios dormitorio.
Se proyectan espacios interreligiosos, comercios en planta baja, circulación peatonal fluida y superficies privadas con uso público, promoviendo la integración y la vida comunitaria.
Responder a una necesidad urgente
La transformación apunta a enfrentar una realidad demográfica y ambiental crítica: el 92% de la población argentina vive en áreas urbanas, y ciudades como Córdoba crecen a un ritmo de 17.000 personas por año, muchas de las cuales terminan en la periferia ante la falta de alternativas atractivas en zonas consolidadas.
En comparación, mientras la densidad media de Córdoba es de apenas 50 habitantes por hectárea, Güemes ronda los 100, aún por debajo de su potencial. El proyecto busca revertir ese reflujo demográfico y promover una ciudad más densa, vivible, segura y verde.
Una inversión histórica
El desarrollo implica una inversión estimada de US$ 1.000 millones para construir un millón de metros cuadrados, lo que podría generar un impacto económico de entre 1.500 y 1.800 millones de dólares.
Impacto proyectado:
- 12.000 a 15.000 empleos directos
- 8 millones de dólares de consumo mensual, si 20.000 personas viven y trabajan en el área
- Equivalente a 30.000 viviendas sociales o 1.000 kilómetros de autopistas
Además, se apunta a «exportar ciudad», atrayendo inversiones de cordobeses que viven en el exterior, de otras provincias o de familias cuyos hijos estudian en Córdoba. Desde CEDUC destacan que no se trata de un proyecto exclusivo para grandes desarrolladores. Está prevista la participación de empresas pequeñas, medianas y grandes, bajo un esquema de colaboración público-privada.
La aprobación definitiva se gestionará mediante el Consejo de Planificación Urbana y la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante. Se busca establecer un marco normativo general, que evite las negociaciones caso por caso, y se analiza aplicar un plazo de incentivos, para acelerar inversiones y obras de infraestructura.
Si los tiempos administrativos acompañan, las primeras obras podrían comenzar en 2025 y extenderse por un plazo estimado de 10 a 12 años.
