En medio del debate por una posible reforma laboral, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba presentó un documento técnico que apunta a una causa clave de la elevada litigiosidad en el fuero laboral: el sistema actual de evaluación de incapacidades laborales. Según el informe, entre 2017 y 2021, el 5,1% de los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba involucraron el Decreto 659/96, que establece la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. En 2020, ese porcentaje llegó al 8%.
El eje de la problemática, señalan, radica en que la normativa vigente define los porcentajes de incapacidad con “rangos amplios”, lo que habilita una fuerte discrecionalidad al momento de fijar indemnizaciones y genera incentivos para litigar. Por ejemplo: una lesión que puede ubicarse entre el 5% y el 40% de incapacidad puede convertirse en una disputa judicial si la ART fija un valor bajo.
“El uso de rangos en lugar de porcentajes fijos alimenta la incertidumbre jurídica y encarece los costos para las empresas”, indica el estudio, elaborado por el Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica, que cuenta con el apoyo técnico de Economic Trends, dirigido por el economista Gastón Utrera.
Para revertir esta situación, el documento de los metalúrgicos propone reformar la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557) para eliminar los rangos e instaurar un nuevo baremo técnico, basado en criterios médicos y funcionales objetivos. El nuevo sistema sería desarrollado por un Comité Técnico Permanente con representación de sociedades médicas, universidades públicas y organismos estatales.
“Todas las reformas que estamos proponiendo desde la institución forman parte de una búsqueda permanente de iniciativas que permitan aumentar la competitividad global de nuestras empresas. Si queremos ser competitivos, tenemos que eliminar toda la litigiosidad laboral, porque genera costos evitables. En el caso específico de la litigiosidad laboral vinculada a incapacidades, alta litigiosidad se traduce directamente en altos costos de ART”, sostiene Juan Lessio, director de Lessio Servicios Industriales y vicepresidente de la Comisión de Jóvenes y Directivo de la Cámara de Industriales Metalúrgicos.
La propuesta también señala que el nuevo baremo debería ser elaborado en un plazo máximo de 12 meses, y que “las nuevas tablas deberían incorporar variables clínicas, anatómicas y funcionales específicas, excluyendo por completo el uso de intervalos o márgenes de interpretación”.
En ese sentido, Lessio destaca que “desde nuestra institución, y a través del Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica, pretendemos reducir costos sin afectar los derechos de los trabajadores. Y esta propuesta de reforma de la normativa sobre incapacidades va en ese sentido, ya que creemos que los trabajadores tienen que estar adecuadamente cubiertos ante incapacidades que puedan generarse como consecuencia de su actividad productiva”.
El empresario añadió que “lo que intentamos es que esa cobertura se logre de un modo objetivo, sin estar sujeta a múltiples interpretaciones, y que hoy en día, tal y como están planteadas, terminan resultando muy costosas”.
Intersección de intereses
Lessio se encargó de remarcar que, si bien desde la Cámara de Industriales Metalúrgicos disienten en algunos aspectos sobre cuestiones industriales con el gobierno Nacional, “ésta es una más de nuestras propuestas en la intersección de intereses: al reducir costos, facilita que las industrias puedan competir y, al mismo tiempo, facilita el logro de los objetivos económicos del gobierno nacional”.
Y añadió: “Si bien encaramos la formulación de estas propuestas desde nuestra convicción industrialista, entendemos que se trata de reformas transversales, beneficiosas para todos los sectores y aplicable a cualquier actividad económica. Y si hubiera necesidad de introducir modificaciones para lograr incidencia positiva en todos los sectores, estamos dispuestos a hacerlo. Justamente para eso documentamos cada propuesta, para poder ponerlas en discusión en todos los espacios y lograr las mejores reformas y los mayores consensos”.
La experiencia internacional
El informe de la Cámara de Industriales Metalúrgicos toma como referencia varios casos internacionales exitosos que reformaron sus sistemas de evaluación de incapacidades laborales para reducir la litigiosidad y dar mayor certidumbre legal. Países como España, Alemania, Francia y Chile han logrado establecer ‘baremos técnicos’ que asignan porcentajes fijos y objetivos, evitando el uso de rangos amplios que habiliten interpretaciones discrecionales.
España: el baremo fue creado por un comité técnico permanente y se actualiza periódicamente en función de avances médicos y estadísticos. Allí, las lesiones y enfermedades laborales tienen un porcentaje único de incapacidad, definido por criterios funcionales específicos y sin margen de variación subjetiva. Además, el sistema español distingue entre incapacidades temporales y permanentes, y contempla factores como la edad, profesión y grado de reinserción laboral.
Alemania: cuenta con un sistema de evaluación funcional riguroso, en el que se establece un único porcentaje para cada tipo de lesión, validado por la evidencia clínica y la práctica médica. El sistema alemán tiene además una fuerte integración entre las aseguradoras, los empleadores y el sistema de salud, lo que permite mayor coordinación y menos litigios.
Francia: la Seguridad Social publica una guía técnica obligatoria que incluye porcentajes fijos de incapacidad para cada tipo de daño físico o funcional. Esa guía es de aplicación obligatoria tanto para los peritos médicos como para los jueces, y reduce drásticamente la posibilidad de que un mismo caso tenga fallos diferentes según el tribunal.
Chile: incluye un reglamento técnico del Ministerio del Trabajo que fija valores específicos para cada tipo de afección, con actualizaciones regulares y sin márgenes amplios. Este enfoque ha sido reconocido en América Latina por su capacidad para bajar la judicialización y mejorar la eficiencia del sistema de riesgos del trabajo.
Los casos citados sirven de base para la propuesta de los metalúrgicos: crear un baremo único nacional, elaborado por un comité científico independiente, sin intervención política ni de partes interesadas. La idea es replicar la experiencia de estos países, donde el abordaje técnico reemplazó la discrecionalidad judicial, y el foco se trasladó de la pelea por la indemnización a la prevención y reinserción laboral.
“La experiencia internacional demuestra que es posible reducir significativamente la litigiosidad con sistemas objetivos y técnicamente validados”, finaliza el documento.
