Tras la devaluación post-PASO y la consecuente aceleración de la inflación en el mes de agosto, el Ministro de Economía Sergio Massa anunció el Plan Platita, un paquete de medidas fiscales de corte electoralista que abarca a trabajadores formales, informales y beneficiarios de asistencias sociales.
Los anuncios fueron amplios y muy variados. Comenzaron con transferencias de suma fija para empleados formales del sector público y privado, junto con refuerzos a jubilados, pensionados y titulares de programas sociales. Se complementaron con créditos a tasas subsidiadas, acuerdos y congelamiento de precios y medidas de incentivo a exportaciones como retenciones cero a sectores específicos. Las últimas medidas del paquete incluyeron la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, la devolución de un porcentaje similar al del IVA de las compras con tarjeta de débito, y la entrega de un nuevo IFE que se prevé que reciban unos 3 millones de personas.
De acuerdo con el análisis de la Bolsa de Comercio de Córdoba, se estima que su costo fiscal podría rondar los 2,5 billones de pesos hasta fin de año, lo que representaría un 1,4% del PBI. La gran mayoría de este costo sería financiado con emisión monetaria.
¿Existe margen para un financiamiento tributario?
Declaraciones del oficialismo dejan entrever que parte de los ingresos necesarios para financiar las medidas anunciadas provendría de la suba previa del impuesto PAIS, que en julio vio incrementada su base imponible por la ampliación de su incidencia a las importaciones de bienes y algunos servicios que no tributaban este impuesto.
Producto de esta ampliación y la última devaluación del tipo de cambio oficial, la recaudación por el impuesto PAIS para los últimos 6 meses del año podría resultar 850 mil millones de pesos superior a la presupuestada.
Esta presión fiscal efectiva más alta puede aportar parte de los fondos necesarios, aunque también debe quedar claro que, en caso de avanzar con la decisión de coparticipar el tributo, el aporte a las finanzas del nivel nacional se reduciría.
No obstante, aun cuando el gobierno pudiera recurrir a todos los ingresos obtenidos por la recaudación extra del impuesto PAIS, los fondos no serían suficientes para lograr un financiamiento completo del “Plan Platita”.
Dado el costo fiscal estimado de las medidas mencionado previamente, la recaudación esperada del impuesto PAIS podría financiar un tercio de ese total.
En este punto, cabe recordar que el impuesto PAIS tiene asignación específica: 70% se destina al financiamiento de los programas a cargo de la ANSES y el ex PAMI, mientras que el 30% restante debe ir al financiamiento de obras de vivienda social, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional.
Más aún, la suba del impuesto PAIS fue diagramada e implementada previo al anuncio de las medidas ligadas al nuevo “Plan Platita”, alineadas para compensar la caída de la recaudación de ingresos tributarios nacionales tras el golpe que recibieron los derechos de exportación producto de la sequía.
El financiamiento de las medidas electoralistas: emisión monetaria
Con esto en mente, la única vía de financiamiento para el gasto extraordinario se deriva de la emisión monetaria.
Si el Banco Central no absorbe parte de esta emisión vía LELIQs u otro instrumento (proceso conocido como esterilización), la base monetaria debería incrementarse un 38,3% hasta el final de 2023. Esta cifra supera al aumento que tuvo la base monetaria en los primeros 9 meses del año.
Como este brusco aumento de la cantidad de pesos ocurrirá en tan solo tres meses, el aumento de la base monetaria pasaría de un ritmo mensual promedio del 3,5% a 11,4% solamente por efecto del “Plan Platita” (esto es, sin considerar intereses de las Leliqs u otras fuentes de emisión monetaria).
El incremento mensual de la base monetaria sería el mayor de todo el año y 3 veces superior al ritmo que venía mostrando en 2023.
No solo esto, sino que el impacto del “Plan Platita” no verá su fin en 2023. Con la continuidad en 2024 de las modificaciones sobre el Impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA, se estima que el Estado dejaría de recaudar por un estimativo de 1,9% del PBI durante el próximo año.
Profundizar el desequilibrio fiscal e impulsar la emisión de dinero en el contexto actual de aceleración inflacionaria traerá consecuencias perjudiciales sobre el nivel de precios y sobre las expectativas a futuro, llevando a la economía argentina más cerca que nunca de repetir las condiciones previas a una hiperinflación.
En este sentido, políticas como esta solo pueden ser entendidas como un intento desesperado por parte del oficialismo para impactar en el resultado electoral adverso que afrontó en agosto, poniendo en jaque el futuro de los argentinos y, en particular, de aquellos más vulnerables en la antesala de una de las crisis económicas más graves y profundas de la historia de nuestro país.
