Por Gabriel Silva
Llegó el momento del PRO. De empezar a dejar de lado la incertidumbre que busca generar Rodrigo de Loredo con las expectativas distribuidas entre la candidatura a la Ciudad o a la Provincia; y de empezar a mirar hasta dónde Luis Juez puede ser el dueño de la lapicera para el armado 2023. En el espacio amarillo, cada vez con más insistencia –aunque con varios lo sostienen por lo bajo- entienden que es la hora de fortalecer las figuras propias.
Y saben que, para ello, hay un aval importante desde Buenos Aires con el tridente compuesto por Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. El eje amarillo, los taquilleros para muchos que tiene la coalición Juntos por el Cambio a nivel nacional, quiere que los representantes de su espacio en la filial cordobesa musculen con independencia de lo que puedan hacer el radical y el líder del Frente Cívico.
Por esto es que para muchos la noticia con el nuevo cargo de Gustavo Santos como director regional de turismo para América Latina por la OIT (Organización Internacional de Turismo) fue una señal que no pueden dejar pasar. Por lo menos, para dejar el rol de partenaire en Córdoba y fortalecer individualidades.
Es por ello que en los grupos de WhatsApp la camaradería es otra. La sintonía fina cambió hace unas semanas y los roces con los que se terminó el 2021 no persisten con la misma intensidad.
En todas las canchas. Desde hace unas semanas sobrevuela entre las espadas amarillas tratar de anotar nombres para jugar todos los partidos del 2023: fórmula provincial, municipal, pelear intendencias en el interior y apuntalar cargos legislativos en las presidenciales. “Tiene que haber lugares para todos”, repiten algunos casi como un mantra.
En la carrera provincial, los diputados Santos y Laura Rodríguez Machado son los que vienen sosteniendo sus intenciones de pelear por la gobernación. El macrista se largó solo y ahora muscula con un nuevo cargo para el que podría –o no- tomar licencia en la Cámara baja.
El dato no es menor: si Santos se toma licencia le genera un espacio a otro amarillo de peso en el armado y con lapicera para la redacción del reglamento de la coalición en Córdoba como es el vicepresidente del PRO, Oscar Agost Carreño.
De buena relación con Bullrich, el hombre estuvo cerca de Rodríguez Larreta y también acercó a cordobeses a las oficinas de Macri en Vicente López.
Lo de Rodríguez Machado va en sintonía con el pedido de Bullrich porque juega definitivamente en ese equipo. También sonó como compañera de fórmula de Juez.
En tanto, para la municipalidad, los anotados son Soher El Sukaría y Javier Pretto, antiguos compañeros de equipo, hoy más distanciados que hace algunos años. La diputada recorre la ciudad y se lanzó hace rato; el presidente provincial del partido busca recuperar el terreno perdido post viaje de trabajo por el exterior y no descarta volver a la Cámara baja en el 2023.
Las intendencias, la otra preocupación. El viejo anhelo de todo el PRO –incluidos, sobre todos los top nacionales- es gobernar la capital cordobesa. Es el gran pendiente después de un fracaso como viceintedente de Felipe Lábaque, quien no aprovechó la chance de ser el segundo de Mestre en 2015 y llegó al 2019 completamente debilitado.
El rol de amigo de Macri no le alcanzó. Sin embargo, al margen de querer apuntalar nombres en la Ciudad, la intención es conservar lo que se tiene y ampliar. Lo primero, se juega un partido clave en septiembre en Marcos Juárez. El hombre del PRO, Pedro Dellarosa no puede repetir, se corre al Concejo, entra en la boleta y baraja dos nombres para su sucesión: Sandra Marojel, actual titular del Legislativo municipal; o Verónica Crescente, secretaria de Gobierno en la ciudad del sudeste.
Los amarillos saben lo que significa desde lo simbólico retener la ciudad y van a poner todo ahí en la segunda mitad del año.
En tanto, las miras con preocupación para lo que pueda suceder en Villa Allende está en la agenda. Como así también la intención de ampliar. Con esa clave, se lee la reunión de este lunes en Buenos Aires con Rodríguez Larreta de un grupo de dirigentes e intendentes del Comupro llevados a las oficinas porteñas por el exintendente de Jesús María, Gabriel Frizza.
