Uno de cada cuatro dólares generados por el sector agropecuario argentino entre 2003 y 2024 no se destinó a inversiones productivas dentro del país, sino que fue a parar al exterior o quedó guardado «bajo el colchón». Así lo revela un reciente informe de la consultora IDESA, que advierte sobre el impacto negativo de la actitud “persecutoria” del Estado hacia los contribuyentes.
Según el estudio, mientras las exportaciones del campo acumularon en ese período 1,3 billones de dólares (ajustados por inflación de EE.UU.), los ahorros en dólares fuera del sistema financiero argentino –ya sea en cuentas en el exterior o en efectivo fuera de los bancos– alcanzaron los 330 mil millones de dólares. Una cifra equivalente al 25% de lo que produjo el agro, principal generador de divisas del país.
“Esta conducta de resguardo refleja el fracaso de una estrategia basada en controles burocráticos que han distorsionado incluso el principio de inocencia, tratando a todos los ciudadanos como sospechosos”, señala el informe. IDESA sostiene que la multiplicación de trámites y regímenes de información no solo resulta ineficaz para combatir la evasión, sino que también desalienta el ahorro y la inversión en el país.
En ese marco, el gobierno nacional anunció medidas tendientes a desburocratizar el sistema fiscal. Entre ellas, la eliminación de ciertos regímenes de información para compras específicas, y la simplificación de los reportes bancarios cuando se trata de operaciones menores. Además, a partir del próximo ejercicio, la recién creada Agencia Federal de Ingresos (ARCA) calculará el impuesto a los ingresos de las personas y, si no hay objeciones del contribuyente, no se requerirá más información sobre su patrimonio ni sus consumos.
IDESA apoya estas reformas, pero advierte que deben ir acompañadas por un cambio estructural en el funcionamiento de los organismos estatales. En particular, propone reconvertir la ARCA, que actualmente destina el 83% de su presupuesto al pago de sueldos y apenas una fracción a inversión en tecnología. También apunta a modernizar la Unidad de Información Financiera (UIF), clave en la detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La consultora recomienda un enfoque más inteligente en el control fiscal, basado en el uso eficiente de los datos ya disponibles dentro del Estado. En este sentido, plantea que no se debería volver a solicitar a los ciudadanos información que ya obra en poder de otros organismos oficiales. “La verdadera transformación del Estado comienza por dejar de torturar al ciudadano con trámites inútiles y redundantes. El foco debe estar en facilitar la vida de la gente y en mejorar la eficacia de los controles sobre quienes realmente representan un riesgo, como evasores seriales y redes criminales”, concluye el informe.
