El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) emitió un documento en donde explica los motivos que contradicen a la publicidad del Gobierno que indica que el Gasoducto Néstor Kirchner «ya está marcha», porque en realidad, está lejos de empezar y ya ha sido objeto de escándalos y hasta la salida del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
En el 2011 se conocieron los resultados de las primeras exploraciones en Vaca Muerta. El descubrimiento puso en evidencia el enorme potencial de la zona para la producción de petróleo y gas. Tiene magnitudes como para incidir en el desarrollo del país. Pero, para que esto ocurra, una condición necesaria es mejorar la infraestructura. Dentro de ella, una obra clave es la que permita transportar el gas desde Neuquén al resto del país y al exterior.
Recién en el 2018 se anunció una licitación internacional para la construcción de este gasoducto, pero, por diversos motivos, quedó demorada. El actual gobierno le puso nombre –Gasoducto Néstor Kirchner– y anunció que en lugar de seleccionar una empresa para que se haga cargo integralmente de la obra, la tarea sea ejecutada a través de una empresa del Estado nacional. El cambio de estrategia no permitió iniciar la construcción del gasoducto. En su lugar, produjo un cruce de acusaciones entre la vicepresidenta y el ministro responsable del proyecto que derivo en una nueva crisis política y la intervención de la Justicia para investigar posibles hechos de corrupción.
La situación alerta sobre la importancia de analizar la gestión pública en materia de desarrollo de infraestructura productiva. En términos financieros, según información publicada por el Ministerio de Economía, entre los años 2000 y 2021 se observa que:
- El gasto público total del Estado nacional fue de 21% del PBI en promedio.
- Dentro de este gasto, la inversión fue de aproximadamente 2% del PBI en promedio.
- Esto implica que la inversión pública nacional representó 9% del gasto público total.
Estos datos muestran que la inversión pública desde el Estado nacional contrasta con los graves déficits de infraestructura del país. Las demoras en el Gasoducto Néstor Kirchner dan cuenta de que el principal problema no es de disponibilidad de recursos sino de capacidad de gestión. El caso tiene especial notoriedad por sus connotaciones de política interna y porque la guerra en Ucrania aumentó los precios de la energía. Pero refleja un problema general, trasversal y estructural del Estado Argentino.
La inexistencia del Gasoducto Néstor Kirchner es muy aleccionadora. Sostener un elevado gasto público no garantiza resultados. Una evidencia concreta es que aún con mucho gasto público no se construyó un gasoducto de importancia estratégica. Pero reducir el déficit fiscal aplicando las tradicionales recetas de ajuste tampoco resuelven el tema. Si el Estado es incapaz de hacer la obra en un contexto de alto nivel de gasto, también lo será aplicando ajustes que, en general, implican contraer la inversión pública. Esto obliga a enfatizar que el desafío no es solo lograr bajar el déficit fiscal sino también fortalecer la calidad de la gestión pública.
En la última década, la Argentina tuvo una tasa de inversión total (pública y privada) de 15% del PBI. Para crecer por varios años, se necesita invertir no menos del 25% del PBI durante varios años. Esto demanda un contexto más favorable para la inversión privada. Entre otros factores, estabilidad macroeconómica, impuestos y regulaciones razonables, y seguridad jurídica. Pero, además, hay que tener en cuenta que la infraestructura pública es esencial para potenciar la inversión privada. Es un error estratégico involucrar al Estado como constructor de obras o como único inversor. Mucho más práctico es que el Estado sea el responsable de planificar y convocar al sector privado a financiar, ejecutar y operar las obras y servicios de infraestructura y luego se encargue de regular y controlar la calidad en el mantenimiento y la operación.
El principio en donde no hay “grieta” es el del “Estado presente”. En verdad, esto es un consenso alrededor de políticas que provocan insolvencia e ineficiencia. La manera de recuperar la coherencia para el desarrollo social es abordando un ordenamiento integral del Estado partiendo de cuestionar estos consensos equivocados. El objetivo no es solo equilibrar las cuentas públicas sino también mejorar la eficiencia del gerenciamiento público
