En Argentina, conseguir crédito competitivo es, para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, una tarea cuesta arriba. Tasas elevadas, requisitos estrictos y plazos cortos suelen dejar fuera de juego a negocios que, aun siendo viables y rentables, carecen de garantías suficientes. En ese escenario, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) cumplen un rol decisivo: funcionan como avalistas, respaldando a las pymes para que accedan a financiamiento en mejores condiciones de tasa, monto y plazo, tanto en el sistema bancario tradicional como en el mercado de capitales.
Hoy, el 35% de los préstamos a pymes en el sistema bancario y más del 40% del financiamiento pyme en el mercado de capitales están garantizados por SGR, según datos del sector. El sistema asiste a unas 100.000 empresas de todo el país y es, según los especialistas, una de las pocas políticas públicas de financiamiento que se ha mantenido operativa bajo gobiernos de distinto signo político.
Sin embargo, esta herramienta está bajo amenaza. En el marco del debate por la reforma previsional, un artículo propone eliminar el beneficio impositivo que reciben los “socios protectores” —empresas o inversores que aportan capital a las SGR—. Ese incentivo fiscal, vigente desde la creación del sistema, ha sido clave para que grandes compañías, entidades financieras y hasta provincias canalicen fondos hacia avalar a pymes.
“Sin este desgravamiento, se desfinancia y se desarma el sistema”, advierte Ignacio del Boca, socio de CASFOG y gerente de Avales del Centro SGR en el marco del Día Pyme organizado por CASFOG. “Es una medida contradictoria: las pymes que hoy acceden a crédito gracias a las SGR son las mismas que invierten, contratan personal y generan recaudación para el sistema jubilatorio”.
Un ahorro fiscal marginal, un costo productivo enorme
Para Aníbal Casas, presidente de S&C Inversiones y secretario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el cambio propuesto es un “daño colateral” de la intención de aumentar las jubilaciones, con un ahorro fiscal ínfimo que no compensa el daño. “El fisco se ahorraría un 0,02% del gasto, un monto marginal, y a cambio destruiría un mecanismo que apalanca por tres o cuatro veces cada peso que se aporta, con capital privado y riesgo privado”, detalla.
Los socios protectores son, en la práctica, el motor del sistema: inmovilizan su aporte por al menos dos años, destinan esos fondos exclusivamente a avalar financiamiento productivo y asumen el riesgo de impago de las empresas beneficiadas. Además, la normativa obliga a que esos capitales se inviertan en activos financieros argentinos, lo que también contribuye a dar profundidad al mercado de capitales local.
“Si eliminan el único incentivo que tienen para participar, ese capital desaparece. Y sin capital, no hay avales. Y sin avales, miles de pymes quedarán fuera del circuito de crédito”, resume Casas.
Un sistema eficiente y de bajo costo fiscal
A diferencia de otros modelos internacionales, el sistema argentino de SGR no se financia con fondos públicos directos. “En muchos países, es plata pública administrada por privados. Acá es al revés: capital privado con un costo fiscal muy bajo”, subraya Del Boca.
Esa eficiencia es parte de lo que genera desconcierto en el sector: eliminarlo no implica sustituirlo por otro mecanismo, sino dejar un vacío difícil de llenar en un país donde el crédito apenas alcanza el 4% del PBI, frente a niveles del 70% al 80% en países vecinos y de más del 200% en economías desarrolladas.
La estructura también permite a las empresas estructurar deuda de forma más flexible, por ejemplo, tomando créditos a plazos acordes a sus ciclos productivos o inversiones, algo que la banca tradicional no siempre ofrece. Esto es clave en sectores como la agroindustria, la industria manufacturera o el comercio, donde los flujos de caja no son lineales.
El veto presidencial y la pulseada política
Frente a la aprobación legislativa de la eliminación del incentivo, el presidente vetó el artículo. Para los referentes del sector, esta decisión es “imprescindible” para evitar un daño irreparable. “Más allá de las peleas políticas, el veto sirvió para visibilizar a las pymes y el rol de las SGR. Ahora el riesgo es que la oposición insista y lo revierta”, advierte Casas, quien recuerda que las SGR han operado durante todo el kirchnerismo, el macrismo y la actual gestión.
La contradicción política es evidente: “Todos los partidos dicen defender a las pymes. Pero si eliminás a las SGR, estás afectando directamente su supervivencia”, enfatiza.
Efecto dominó y ausencia de alternativas
El impacto de una eventual eliminación del incentivo fiscal sería gradual pero contundente. Hay avales otorgados a largo plazo —7 o 9 años— que no se pueden revertir de un día para otro, pero la caída en nuevos avales sería inmediata.
Esto afectaría no solo a las empresas que hoy dependen del sistema, sino también a la inversión, el empleo y la recaudación impositiva, generando un efecto dominó en la economía real.
Hoy no existe un plan B. “Podríamos buscar alternativas, pero sería como jugar al fútbol sin pelota: podrías intentar otro deporte, pero no va a ser fútbol”, grafica Casas. En un contexto de altas tasas y bajo crédito, reemplazar un mecanismo probado, de bajo costo fiscal y alta eficiencia, parece inviable.
Las cámaras empresariales y entidades como la Bolsa de Comercio de Córdoba se declararon en “alerta máxima” y trabajan para mostrar el impacto del sistema. Córdoba, con un tejido productivo pyme robusto, sería una de las provincias más afectadas.
“El crédito es básico para cualquier economía. Sin él, la inversión se frena y con ella el empleo y la recaudación. Argentina ya tiene un nivel de crédito ridículamente bajo. Sacar a las SGR del tablero sería pegarse un tiro en el pie”, concluye Del Boca.
