Por Matías Colloso y Bruno Casali de Córdoba Bitcoin
A lo largo de los años las criptomonedas fueron revalorizándose y siendo adoptadas por las masas. Gracias a los beneficios de esta nueva tecnología, cautivaron la atención de no sólo las personas de a pie, sino además de empresas y ahora también países.
Así fue el caso de El salvador, primer país en adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal. Esto implica varias cuestiones como: Comercio internacional mediante transacciones de criptoactivos; Colateralización de la economía y los depósitos mediante criptoactivos; Pago de pasivos corrientes mediante criptoactivos y Comercio interno mediante el pago con criptoactivos.
Prácticamente la economía entera se desarrollaría en base a la cotización de los mismos en vez del dinero fiduciario que vemos hoy en día con el dinero emitido por los bancos centrales.
“Las criptomonedas serán el mecanismo perfecto de comerciarían debido a su trazabilidad; superarán al banco y el efectivo FIAT” Andrés Salamone, Fundador de Córdoba Bitcoin.
Rusia planea establecer a Bitcoin como moneda de curso legal, eludiendo así las restricciones económicas de E.E.U.U.
¿Por qué un Estado querría una regulación del ecosistema de criptoactivos?
El FMI sostiene que los criptoactivos son usados para lavado de dinero y terrorismo. Sin embargo, esto no es ni cerca de ser así. Menos del 5% del volumen de criptoactivos es utilizado para operaciones ilícitas, no tienen siquiera la liquidez necesaria para esto. Son los bancos los instrumentos mayormente utilizados para actos ilícitos.
Por lo tanto, la única y mera razón de una #regulación agresiva de este espacio vendría por parte de la fiscalización de la actividad y no tanto por “riesgos de actos ilícitos”.
En el mundo, el promedio de la economía informal ronda el 20%, en Argentina la misma ronda entre un 40-50% de la economía total. Es la única manera de vivir para algunos.
Implementación de estas políticas en Argentina
Argentina, dada su condición de morosidad perpetua y su elevada tasa de informalidad, ha sido espectador de un aumento exponencial en cuanto a la adopción de las criptomonedas, buscando sus ciudadanos alguna forma de poder comercializar bienes y servicios sin pasar por el fisco.
Ante esta condición, hoy en día, Argentina está siendo el ratón de laboratorio de los países centrales acerca de cómo sería una implementación de medidas regulatorias y cual seria el impacto de estas, para luego ellos implementarlas sin impacto económico negativo.
Por el momento, no existe una regulación “específica” que abarque a las criptomonedas. Sí diferentes resoluciones de organismos públicos para encuadrarlas:
- Unidad de Información Financiera (UIF): en la resolución 300/2014 define como “monedas virtuales” a una “representación digital de valor de intercambio y/o reserva, que no tiene curso legal”.
- Banco Central: remarca que no son de curso legal, al no ser emitidas por el organismo. Entidades y emisoras de tarjetas deben tener conformidad previa del BCRA para operar con criptoactivos.
- AFIP: en 2019 dispuso que las casas de cambio de criptomonedas deberán informar mensualmente sobre las operaciones y datos de sus usuarios.
Podemos ver como la intención real tras esta digitalización resulta en un intento de aumentar la recaudación sin la imagen negativa que supone decir “aumento de impuestos”. Con la economía totalmente digitalizada, la economía informal deja de ser posible, con lo cual se cobrarían la totalidad de impuestos existentes. Pasando a tener una presion fiscal del 29% en vez de una presion fiscal virtual de 13% como la tenemos ahora.
Habrá que ver si realmente Argentina puede pagar esa tasa de impuestos. El resultado de esto devengará en dos posibles destinos:
a) Ante la presión social, habrá una reducción sin precedentes del gasto público (ajuste).
b) Aumento significativo de la pobreza debido a que el coste de vida se encarecerá y no todo el mundo podrá pagar el nivel que venia teniendo, teniendo que bajar a estratos inferiores de estilos de vida.
