Por Eduardo Bocco. En medio de una semana áspera para la política, justo en el final, el gobernador Martín Llaryora intentó bajarle el perfil a la polémica por el veto presidencial al financiamiento universitario. Voceros calificados del Panal enviaron un mensaje que quiso ser claro: Javier Milei había sido informado por el propio jefe del Ejecutivo provincial sobre el voto negativo del subbloque cordobés.
El relato se había dado –precisamente– durante la polémica visita ‘aérea’ del Presidente a las regiones más castigadas por los incendios en Córdoba.
Allí, Llaryora le explicó que “el ecosistema económico de la Universidad Nacional es muy importante para la provincia”, por eso es que el cordobesismo no puede menos que oponerse al veto, según contaron las fuentes, las que agregaron que no pasó absolutamente nada después de esa ‘confesión’, por así llamarla.
El gobernador quedó expuesto a un fuerte tironeo entre defensores y detractores del veto y todos los protagonistas acusaron el impacto de una discusión muy dura, que abrió una fuerte interna entre los integrantes del subbloque provincial. A esto se le sumó la inesperada ausencia de la parlamentaria Alejandra Torres, quien presentó dos certificados médicos para excusarse, provocando un lío de gran magnitud.
Pero los protagonistas de este enfrentamiento no tienen demasiado para tratar de suturar las heridas porque pronto se viene en la Cámara de Diputados otro debate que se las trae: la sanción (o no) del proyecto de Ley del Presupuesto que tendrá encontronazos que la oposición presume memorables.
Fuentes legislativas de la oposición aseguraron que se viene un importante y nuevo desafío y sus principales espadas consideran que tienen numerosos elementos como para imponer la mayoría y trabar la norma que es clave para el funcionamiento del gobierno.
El tema es incómodo para el Gobierno provincial, que ya comenzó a presionar para sacar alguna tajada o que la Nación honre compromisos asumidos con anterioridad. Córdoba se quejó porque hubo un compromiso por escrito del poder central de impulsar una serie de obras públicas y de finalizar emprendimientos que llevan años con escaso avance.
Sin embargo, en el proyecto oficial no aparecen esas obras nuevas ni las que deben terminarse. No dice una sola palabra, de modo que se corre un riesgo serio de que todo caiga en saco roto. Por eso, Llaryora mandó a sus principales espadas a presionar.
El dilema opositor. ¿Cómo se pararán los cordobesistas en el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera el opositor Miguel Ángel Pichetto? En principio se advierten intereses contrapuestos, lo cual torna compleja la situación.
Cuando se habla de obra pública pendiente, los llaryoristas se refieren a la –cada vez más demorada– autovía a San Francisco, por ejemplo, y cuando se hace referencia a la obra pública nueva se habla de la construcción de nuevos hospitales en la capital provincial, por citar sólo algunos casos.
Esto supone miradas contrapuestas en el bloque cordobesista, en el que seguramente no habrá una posición uniforme porque es casi un hecho que Natalia de la Sota no se sumará a la postura del oficialismo local.
Hay que tener en cuenta que la hija del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota, resintió su relación personal con el jefe del PJ cordobés, Juan Schiaretti. La diputada cerró los canales de diálogo cuando fue informada sobre un tema que la desvelaba: secundar a Llaryora en la fórmula justicialista como candidata a vice. Al ser marginada, clausuró su vínculo. En cambio, con Llaryora mantiene diálogo pero formal, según lo declarado por referentes del Centro Cívico. Los voceros locales del peronismo la reconocen más alineada al Frente Renovador que conduce Sergio Massa.
Los informantes son optimistas en cuanto a que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, –fue el que firmó el acuerdo por obra pública para Córdoba– cumplirá su palabra e incluirá los ítems que no figuran en el proyecto original.
