Siguen los cruces sobre las denuncias por irregularidades en los planes Potenciar Trabajo, con una investigación que dejó afuera más de 150 mil titulares del beneficio que no pudieron validar sus datos. El caso es que los planes sociales despiertan siempre controversias.
Ahora, el instituto IDESA, en ocasión de cumplir dos décadas, elaboró un informe en el cual aborda «la otra cara de la moneda del deterioro laboral» en cuanto analiza la proliferación de los planes asistenciales. Y marca un dato crudo, que en 20 años ese «asistencialismo» del Estado se multiplicó por 5.
Vale considerar que, bajo la denominación de “planes” incluyen dos tipos de beneficios no contributivos, es decir, beneficios para gente que no hace aporte porque no tiene un empleo formal.
A) Por un lado, los que tienen condiciones de elegibilidad reguladas objetivamente y son administrados por ANSES. Son la AUH, las moratorias previsionales y el Progresar.
B) Por otro lado, los que se reparten desde el Ministerio de Desarrollo Social y según IDESA «bajo reglas subjetivas que dan pie a la discrecionalidad». Son principalmente los planes alimentarios y el plan Potenciar Trabajo. Las pensiones no contributivas por invalidez son un caso especial. Proliferaron discrecionalmente desde el Ministerio de Desarrollo Social y luego fueron traspasadas a la ANSES.
¿Cuál fue la evolución de los beneficios no contributivos en las últimas 2 décadas?
Según datos de los Presupuestos Nacionales Idesa observa que:
- En el 2002 había 2,9 millones de beneficios no contributivos concentrados en el plan alimentario y el Plan Jefas y Jefes de Hogar.
- En el 2012 había 9,4 millones de beneficios no contributivos porque se sumaron la AUH, las moratorias previsionales y pensiones no contributivas por invalidez.
- En el 2022 se llega a unos 14,1 millones de beneficios no contributivos fundamentalmente impulsados por el Progresar y el Potenciar Trabajo.
De acuerdo el análisis, «esos datos muestran la impresionante expansión de los beneficios no contributivos. El proceso se dio con crecimiento económico (entre los años 2002 y 2012, el PBI per cápita aumentó un 58%), pero también con estancamiento (entre los años 2012 y el 2022 el PBI per cápita se contrajo un -5%)».
Y a continuación explica que «desde la crisis del 2002, los beneficios no contributivos prácticamente se quintuplicaron». Para IDESA llama la atención que la expansión se dio con la economía en crecimiento y en contracción y con diferentes gobiernos. Sugiere que se trata de otra “política de Estado” no explícita, pero ampliamente compartida.
¿Se puede poner un punto final a los planes?
Para la consultora, la misma historia transcurrida en estos 20 años explica que es voluntarista plantear ponerle plazo a los “planes” o transformarlos en empleos de calidad.
«Su existencia y multiplicación, más allá de los intereses espurios que se filtran en su gestión, se fundamenta en la falta de buenas oportunidades de trabajo», dice el informe. «La salida de la proliferación del asistencialismo requiere ordenar la economía para impulsar un masivo proceso de inversión productiva, actualizar Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos de trabajo y –el máximo desafío– recuperar la calidad educativa en las escuelas de gestión pública y privada ya que la degradación educativa es transversal», explica.
Finalmente, IDESA recuerda que este año en curso, la democracia argentina cumple 40 años. «Hay motivos para celebrar, pero también para hacer profundas autocriticas. Una de ellas es la de haber naturalizado el uso de los pobres para “hacer política” con el asistencialismo», expone.
Y agrega que este aniversario es un buen momento para recordar que «un componente esencial de la democracia es que la gente sea artífice de su propio progreso en base a su trabajo y no de la “generosidad” de un dirigente que le regala algo. Por eso, las soluciones no pasan por reformular el asistencialismo sino por ordenar el Estado para que sea posible una masiva y sostenida generación de empleos de calidad», finaliza.
