A casi dos décadas del inicio del régimen de promoción de biocombustibles en Argentina, el sector enfrenta un punto de inflexión. Lo que comenzó como una política para impulsar la diversificación energética y el desarrollo industrial hoy muestra avances relevantes, pero también limitaciones estructurales que reavivan el debate sobre su futuro.
El diagnóstico surge de un análisis elaborado por la Fundación Mediterránea, a través de su instituto IERAL, que pone el foco en las tensiones entre los objetivos del régimen y sus resultados efectivos.
El esquema vigente —basado en mandatos de mezcla obligatoria, precios regulados y beneficios fiscales— permitió consolidar una industria que agrega valor a materias primas agrícolas, genera empleo regional y reduce la intensidad de carbono de los combustibles. Sin embargo, también derivó en un mercado altamente intervenido, con escasa competencia y fuerte dependencia del Estado.
Un mercado creado por ley
En Argentina, como en muchos países, la promoción de biocombustibles se apoya en la obligación de mezclar combustibles fósiles con renovables. Actualmente, el corte es del 12% de bioetanol en naftas (E12) y del 7,5% de biodiésel en gasoil.
Este mecanismo garantiza demanda, pero también actúa como techo cuando los biocombustibles son más caros que los fósiles, limitando el desarrollo de un mercado voluntario.
A esto se suma la fijación de precios por parte del Estado y la asignación de cupos entre empresas, lo que configura un sistema donde “la existencia y magnitud del mercado, sus participantes y sus precios” dependen en gran medida de decisiones administrativas.
Luces: desarrollo industrial y valor agregado
El régimen permitió construir capacidades productivas relevantes. La producción de bioetanol, por ejemplo, pasó de apenas 23 millones de litros en 2009 a más de 1.200 millones en 2024, consolidando polos productivos en Córdoba y el NOA.
En biodiésel, aunque con mayor volatilidad, Argentina llegó a ser un actor exportador relevante y desarrolló una capacidad instalada significativa.
Además, los biocombustibles aportan beneficios ambientales, contribuyen a diversificar la matriz energética y fortalecen economías regionales, especialmente en zonas agrícolas.
Sombras: baja competencia y dependencia del Estado
Pero el mismo diseño que permitió el crecimiento también generó distorsiones. Entre las principales críticas al régimen actual aparece la falta de competencia.
El sistema limita el ingreso de nuevos actores, asigna volúmenes sin mecanismos competitivos y establece precios administrados, lo que reduce incentivos para innovar, invertir o mejorar la eficiencia.
Además, el mercado interno está prácticamente restringido al segmento obligatorio, mientras que las exportaciones —especialmente en biodiésel— perdieron peso por cambios en las condiciones internacionales y conflictos comerciales.
En este contexto, muchas plantas operan con altos niveles de capacidad ociosa y fuerte dependencia de decisiones regulatorias.
El costo fiscal, en el centro del debate
Otro eje clave es el impacto fiscal. Los biocombustibles están exentos de impuestos a los combustibles, lo que implica un gasto tributario significativo: en 2024 representó unos $227 mil millones (0,04% del PBI), con proyecciones crecientes para los próximos años.
Si bien este beneficio mejora la competitividad del sector, también implica que el costo de la promoción recae, directa o indirectamente, en el conjunto de la economía.
La reforma en discusión
En el Congreso conviven hoy dos grandes visiones sobre cómo reformar el régimen.
Por un lado, el proyecto impulsado por el oficialismo propone avanzar hacia un mercado más desregulado, con precios libres, mayor competencia y apertura a nuevos actores, incluidas petroleras e importaciones.
Por otro, la denominada “liga bioenergética” —integrada por provincias productoras— plantea un esquema intermedio, que mantiene protección a pymes y economías regionales, pero introduce mecanismos de competencia mediante licitaciones.
Ambas iniciativas coinciden en un punto: aumentar los porcentajes de mezcla obligatoria (hasta niveles cercanos al 15%), algo técnicamente viable sin afectar el funcionamiento del parque automotor.
El debate no ocurre en el vacío. El sector enfrenta transformaciones globales y locales que condicionan su futuro. El avance de los vehículos eléctricos e híbridos anticipa un menor crecimiento en la demanda de combustibles líquidos. Al mismo tiempo, la volatilidad del precio del petróleo y posibles cambios en los derechos de exportación agrícolas pueden alterar la competitividad de los biocombustibles. A esto se suma la necesidad de ordenar las cuentas públicas, lo que pone bajo presión los esquemas de subsidios o beneficios fiscales.
El desafío: de la protección a la eficiencia
Con una industria ya consolidada, el principal desafío parece haber cambiado. Ya no se trata de crear el sector, sino de hacerlo más eficiente y competitivo.
“El sector se encuentra en una etapa de madurez donde la prioridad ya no es crear industria, sino inducir aumentos en la eficiencia”, señala el informe. En ese sentido, la discusión de fondo pasa por cómo equilibrar tres objetivos: sostener el desarrollo productivo, reducir el costo fiscal y mejorar la eficiencia del mercado.
