Con el objetivo de hacerse de divisas que hoy siguen sin aparecer fácilmente -el apoyo del FMI en forma de nuevos desembolsos parece cada vez más lejano-el gobierno nacional apuró sus pasos y ya reglamentó la Ley 27.743, activando un nuevo régimen de regularización de activos no declarados o “blanqueo”.
Como se sabe, se enfoca en la posibilidad de declarar activos que los argentinos poseían al 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de normalizar su situación fiscal y evitar sanciones futuras. Entre analistas y tributarias, en general, hay consenso de que es un blanqueo atractivo desde varios aspectos: la naturaleza de los bienes a incluir, los sujetos involucrados, los costos, los beneficios y las cláusulas específicas, entre otros puntos.
Alberto Mastrandea, socio de Impuestos y Legales en BDO Argentina brindó esta semana un encuentro virtual para clientes y ejecutivos donde repasó los puntos centrales de este blanqueo, beneficios y algunas recomendaciones y aspectos a tener en cuenta.
Dentro de esto último apunto a un elemento clave, que aún no se ha definido totalmente: qué harán las administraciones y agentes de recaudación de las provincias frente a este nuevo blanqueo. Y es que, en un contexto de fuerte restricción de ingresos fiscales, en el que se han acumulado varios meses donde las transferencias directas de la nación han estado sumamente limitadas no sería extraño ver algunos “sub soberanos” decidiendo no sumarse al marco normativo del blanqueo, conservando la posibilidad de salir a exigir tributos sobre los activos exteriorizados.
Esto es puntualmente sensible para el caso de las empresas y personas jurídicas que pueden decidir sumarse al blanqueo, pero que tendrán que tener en cuenta qué hacen las provincias, para evitar caer en una suerte de “trampa fiscal local”.
Por ahora, Córdoba no comunicó oficialmente si adherirá o no al blanqueo de capitales, aunque hay actitudes políticas de peso para establecer que sí: la más importante fue la votación de los diputados nacionales del peronismo apoyando el proyecto de Paquete Fiscal, que incluye el blanqueo de capitales. Para la adhesión, se debe elaborar un proyecto de Ley provincial que tiene que ser debatido en una Unicameral cada vez más difícil de gestionar para el oficialismo. Allí, debería expresarse, por ejemplo, que se condonan los pagos de Ingresos Brutos y se libera a los contribuyentes que se han sumado al blanqueo de acciones civiles y de la ley penal tributaria por el incumplimiento de obligaciones vinculadas con los bienes y activos exteriorizados.
Hacia atrás también hay antecedentes importantes para esperar la adhesión de Córdoba, como sucedió con el blanqueo de 2016 de la administración de Mauricio Macri, cuando también se envió un proyecto de Ley a la Unicameral dominada por el schiarettismo.
“Es importante lo que vayan a hacer los entes recaudadores provinciales. Para el caso del blanqueo de empresas, por ejemplo, pensemos que la empresa se suma y blanquea capitales tendrá el perdón de Nación sobre eso que blanqueo, pero si una empresa es un contribuyente importante para la provincia de Buenos Aires y la provincia no adhiere luego va a querer cobrar Ingresos Brutos sobre los bienes exteriorizados”, comentó en ese sentido Mastrandea.
Claves y beneficios. Volviendo a los aspectos centrales del blanqueo, el ejecutivo de BDO remarcó: “Este blanqueo es atractivo porque desde el punto de vista técnico, denota que lo ha trabajado gente muy especialista. Han cuidado no dejar tantos espacios en blanco, algo que es importante para darles seguridad a quienes decidan acogerse. Hay cuestiones novedosas para los blanqueos y otras que se replicaron del 2016. Entre lo interesante está el “tapón fiscal”, que permite dar inmunidad desde el 2023 hacia atrás. Otra cuestión es el efecto contagio, que tiene que ver con que si una persona humana es accionista de una sociedad y la persona humana blanquea los beneficios impactan sobre la persona humana y también sobre la empresa de la cual es accionista. Es razonable, porque en el mundo pyme, si una persona humana blanquea es muy probable que esos activos que blanquean hubiesen sido obtenidos por la operación de la empresa. También se condonan errores o anomalías en montos consumidos declarados en el pasado”.
Siguiendo el análisis, Mastrandea detalló que buscando dinamizar la economía, se va a permitir transferencias de montos de dinero que se exterioricen entre las cuentas especiales que abran distintas personas humanas y dan la posibilidad de recibir fondos de otra persona que haya blanqueado. Por ejemplo, para comprar un inmueble, sin importar monto, no va a generar pago de impuesto al blanqueo.
Hay un perdón o franquicia de US$100.000 dólares y se paga recién por encima de eso, y se paga una alícuota que va a ir dependiendo de los plazos, sobre lo que excede esos US$100.000. En una primera etapa, hasta el 30 de septiembre la alícuota es del 5%, hasta el 31 de diciembre del 10% y hasta el 31 de marzo de 2025 del 15%.
También se remarcó que el impuesto especial se deberá determinar e ingresar en dólares estadounidenses y para los bienes del país cuya valuación se determinará en moneda nacional se deberá convertir a dólares estadounidenses considerando el tipo de cambio que fije el Poder Ejecutivo Nacional, el cual deberá tomar como referencia el tipo de cambio CCL, a fines del año pasado, que promediaba los $1000.
“El gobierno tiene la potestad, y es muy probable que lo haga, de extender los plazos de la primera etapa hasta que finaliza el 30 de septiembre. Es probable que se extienda a octubre o a diciembre de 2024”. “Este nuevo régimen de blanqueo de capitales ofrece una oportunidad significativa para regularizar activos no declarados, con beneficios fiscales importantes y la posibilidad de evitar sanciones futuras. Es una medida que, aunque controversial, busca atraer capitales no declarados hacia la economía formal, fortaleciendo así la base tributaria del país”, definió Mastrandea.
