Córdoba atraviesa un momento bisagra en materia de movilidad urbana. Luego de casi diez años de conflicto entre el sistema de taxis y remis tradicional y las plataformas digitales, el Concejo Deliberante se encamina hacia una definición que puede cambiar el mapa del transporte en la ciudad. A contrarreloj, los concejales tienen menos de tres semanas para consensuar una ordenanza que establezca reglas claras para Uber, Cabify y otras aplicaciones, tal como lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en abril.
Aunque el fallo judicial reconoció la legalidad de Uber, también obligó al municipio a dejar de mirar para otro lado y legislar de forma específica sobre estas plataformas. Esa presión judicial forzó un debate que hoy se encuentra en su punto más álgido, con sectores enfrentados, tensiones crecientes y una ciudadanía expectante.
Uno de los puntos clave del conflicto son los cupos o licencias, un punto que busca limitar a 4.000 la cantidad de vehículos habilitados para prestar el servicio de movilidad a través de aplicaciones. Este cálculo inicial incluía la suma de todas las app de transporte.
“Uber afirma tener 20.000 trabajadores, pero estas estadísticas son conocidas solo por ellos, ya que operan en la ilegalidad, y la Municipalidad no tiene forma de verificarlo. Se ha solicitado a Uber que presente sus propios números y datos para analizar posibles modificaciones a los cupos propuestos en la ordenanza”, plantean desde el Concejo.
Ante la propuesta de cupos, Uber manifestó que los números propuestos por la ordenanza «no les alcanzan» y que quitar el cupo es un tema “innegociable”. Además, consideran que es un «limitante a la oferta» y a la «posibilidad de que la gente trabaje».
Un proyecto que no convence (a casi nadie)
El proyecto de ordenanza impulsado por el oficialismo incluye puntos clave como:
- Un cupo limitado de vehículos habilitados, sumando taxis, remises y apps.
- Carnet profesional D1 obligatorio para los conductores.
- Identificación visible del vehículo (ploteado, seguro especial, revisión técnica más exigente).
- Igualdad impositiva y operativa entre plataformas y transporte tradicional.
- Posibilidad de que taxistas y remiseros también puedan operar vía aplicaciones.
Para el Ejecutivo, la intención es “ordenar el sistema y terminar con la competencia desleal”. Desde el Concejo remarcan que se abrió la participación a todos los actores, aunque reconocen que al inicio “Uber no vino a las reuniones”. Sin embargo, en las últimas dos semanas hubo avances: representantes de la empresa y conductores independientes participaron de encuentros formales, y ahora se analizan contrapropuestas que podrían introducir cambios de último momento.
La postura de los conductores: “Así como está, es inviable”
Del otro lado, los conductores de Uber rechazan gran parte del proyecto. Diego Kimmel, referente del sector, afirma: “Estamos en contra del 70 % de la ordenanza. Así como está planteada, va a expulsar a miles de trabajadores y encarecer el servicio para el usuario”.
El punto más resistido es el del cupo de licencias, al que califican como “una línea roja”. Según datos del sector, hoy hay más de 25.000 conductores activos en todas las plataformas. “No se puede limitar una actividad que le da de comer a tanta gente. Esto no regula: excluye”, afirma Kimmel.
También cuestionan la exigencia de carnet D1 (“innecesaria y costosa para quienes manejan solo un par de horas al día”) y el ploteado de los vehículos, que consideran una medida que pone en riesgo la seguridad de los conductores. “No levantamos pasajeros en la calle. La app garantiza trazabilidad. Identificar el auto es decirle a cualquiera que transporta gente y plata encima”, señala.
Además, denuncian que muchos de los requisitos propuestos —como la revisión técnica cada cuatro meses, seguros especiales o trámites burocráticos— solo buscan disuadir la participación y achicar la oferta. “Si esto avanza, va a haber menos autos en la calle, más espera y viajes más caros. El gran perdedor va a ser el usuario”, advierte Kimmel.
Tres semanas clave para evitar una nueva crisis
La Comisión de Servicios Públicos del Concejo abrió un último tramo de diálogo. El oficialismo propuso una instancia de participación técnica y política con un plazo máximo de tres semanas. En ese lapso, se esperan contrapropuestas, modificaciones al texto original y, eventualmente, un dictamen consensuado.
El cupo de licencias será el eje del debate. Algunas versiones dentro del Concejo deslizan la posibilidad de “flexibilizar” ese punto, con un sistema de inscripción libre inicial y controles posteriores según la demanda. Otras voces, sin embargo, apuestan por mantener la línea dura, presionadas por los gremios de taxis y remises, que no quieren ceder terreno.
¿Córdoba como modelo o como advertencia?
Desde el oficialismo sostienen que esta ordenanza puede convertirse en un modelo nacional: “Queremos que Córdoba marque el camino para regular las apps en todo el país. Pero eso solo va a ocurrir si logramos equilibrio y legitimidad social”.
La gran incógnita es si se llegará a tiempo y si se logrará el consenso necesario para evitar un nuevo capítulo de caos. Mientras tanto, los conductores de apps no descartan medidas de fuerza si no se modifican los puntos clave del proyecto. Y los usuarios, en el medio, observan con preocupación la posibilidad de que un conflicto mal resuelto derive en menos opciones de movilidad o tarifas más altas.
