La informalidad laboral en Argentina alcanzó al 43% de los trabajadores hacia fines de 2025, consolidando una tendencia creciente que expone el deterioro en la calidad del empleo. Así lo señala un análisis de Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado por la economista Julia Rigueiro a partir de los últimos datos oficiales del INDEC.
El estudio, basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2025, muestra que de los 13,5 millones de personas ocupadas, apenas el 57% tiene empleo formal, mientras que 5,8 millones se desempeñan en condiciones informales. “La película de los últimos años es de deterioro progresivo”, advierte el informe, al señalar que la tasa pasó de 41,4% en 2023 a 43% en 2025, con subas constantes.
La precarización no impacta de manera uniforme. Según el análisis, los jóvenes menores de 29 años enfrentan niveles de informalidad cercanos al 60%, convirtiéndose en el grupo más afectado. A esto se suma una mayor incidencia entre mujeres y un fenómeno creciente entre adultos mayores que, ante jubilaciones insuficientes o falta de aportes, continúan activos en condiciones no registradas.
En términos sectoriales, la construcción lidera los niveles de informalidad con cifras cercanas al 74%, seguida por el servicio doméstico —históricamente rezagado—, el comercio y la industria manufacturera, donde el empleo no registrado ronda el 40%. Este último sector, además, atraviesa una crisis más profunda vinculada a cambios estructurales en el modelo productivo.
El informe de CEPA pone el foco en la industria textil como caso emblemático de la desindustrialización en curso. La actividad manufacturera cayó un 4% interanual en febrero de 2025 y, en ese contexto, muchas empresas enfrentan escenarios de quiebra o liquidación de stock. “La apertura importadora y la desregulación favorecen el ingreso de productos del exterior, reduciendo la necesidad de mano de obra local”, sostiene el documento.
Este proceso se articula con otro fenómeno en expansión: la “uberización” del trabajo. La pérdida de empleos formales empuja a miles de trabajadores hacia plataformas digitales de transporte o reparto, caracterizadas por la ausencia de derechos laborales, la inestabilidad de ingresos y la necesidad de múltiples ocupaciones para sostener un nivel básico de vida. Según el análisis, esto implica una “sobreexplotación individual” que impacta tanto en la salud como en la vida familiar.
El deterioro del mercado laboral se completa con una tasa de desocupación del 7,5% y un contexto de cierre sostenido de empresas, principalmente PyMEs. Se estima que unas 30 firmas bajan sus persianas cada día, generando despidos y reduciendo aún más las oportunidades de empleo registrado.
Para Rigueiro, el marco normativo reciente —que incluye medidas como el DNU 70/2024 y la Ley Bases— consolida un escenario de desregulación que, lejos de mejorar las condiciones laborales, tiende a profundizar la informalidad. “El foco no está puesto en la producción ni en el empleo”, resume el informe, que también advierte sobre la caída sostenida del consumo.
En este contexto, el análisis concluye que el país transita hacia un modelo donde el empleo informal deja de ser una excepción para convertirse en regla. Una transformación que no solo impacta en los ingresos de los trabajadores, sino que también erosiona las bases de la estabilidad social.
