La transición hacia modelos productivos más sustentables dejó de ser un discurso aspiracional para convertirse en una condición concreta de mercado. En Córdoba, ese cambio se traduce en una creciente demanda de asesoramiento técnico para cumplir con normativas ambientales cada vez más exigentes, pero también para evitar que la burocracia se convierta en un freno para la actividad.
Así lo plantea Paula Bórtoli, directora de Nativa Consultora, una firma especializada en acompañar a empresas en sus procesos de habilitación ambiental. “La inversión ambiental dejó de verse como un gasto: hoy es una necesidad operativa y una herramienta para sostener el negocio en el tiempo”, sostiene.
De costo a condición de mercado
El cambio de paradigma atraviesa a distintos sectores, desde la industria hasta el desarrollo inmobiliario. En ambos casos, el cumplimiento de la normativa ambiental no solo responde a una exigencia legal, sino también a una presión creciente del mercado y a la necesidad de garantizar la continuidad de los recursos naturales que sostienen la producción.
Según Bórtoli, esta transformación está impulsada por tres factores: una mayor conciencia empresarial, la demanda de consumidores y socios estratégicos, y el acceso a financiamiento. “Hoy, sin determinadas habilitaciones, una empresa puede tener dificultades para importar insumos o acceder a créditos vinculados a energías renovables”, explica.
La burocracia como cuello de botella
Uno de los principales desafíos que enfrentan las compañías es la complejidad de los trámites ambientales. En ese contexto, el valor de la consultoría no radica solo en el conocimiento técnico, sino en la capacidad de agilizar procesos.
“La demora en una habilitación puede bloquear operaciones logísticas o frenar inversiones clave”, advierte Bórtoli. Entre los trámites más frecuentes se encuentran la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para nuevos proyectos, las resoluciones ambientales para empresas en funcionamiento, y las habilitaciones para el tratamiento de efluentes o residuos peligrosos.
Este entramado normativo exige un abordaje multidisciplinario. Nativa, en ese sentido, trabaja con equipos integrados por biólogos, geólogos, ingenieros, arquitectos y laboratorios especializados, en función de cada proyecto.
Córdoba, entre las más exigentes
El escenario regulatorio provincial también juega un rol central. Córdoba se posiciona como una de las jurisdicciones con mayor rigurosidad ambiental del país, junto con Salta, en parte por su perfil turístico y la necesidad de preservar sus recursos naturales.
“Se pasó de un enfoque correctivo a uno preventivo. Hoy, los proyectos deben demostrar desde el inicio cómo van a mitigar su impacto”, señala la directora de Nativa.
Esta exigencia, lejos de ser un obstáculo, empieza a ser leída por el sector privado como una oportunidad para mejorar procesos y ganar competitividad.
Cambio climático: de la teoría a la urgencia
El contexto climático refuerza esta tendencia. Sequías prolongadas, lluvias irregulares y eventos extremos forman parte de una realidad que, según Bórtoli, ya impacta directamente en la actividad económica.
“El cambio climático no es un escenario futuro, es una condición actual que obliga a las empresas a aggiornarse si quieren seguir siendo competitivas”, afirma.
En ese marco, también plantea una mirada crítica sobre los discursos que relativizan el fenómeno. “La falta de asesoramiento técnico en la toma de decisiones públicas puede tener consecuencias graves. Hoy es indispensable que los líderes incorporen profesionales del ambiente en sus equipos”, advierte.
Un mercado en expansión
El crecimiento de la demanda se refleja en la diversidad de clientes que recurren a este tipo de servicios: desde grandes industrias alimenticias y automotrices hasta desarrollistas, parques industriales, empresas energéticas y emprendimientos inmobiliarios.
De cara a 2026, Nativa proyecta consolidarse en estos segmentos y avanzar en la creación de un laboratorio ambiental propio, que le permita integrar servicios de monitoreo y ensayos. La iniciativa, que ya está en marcha, apunta a reducir costos y tiempos, además de ganar autonomía técnica.
“La expectativa es seguir creciendo como referentes en el acompañamiento a empresas que buscan desarrollarse cumpliendo con la normativa”, concluye Bórtoli.
En un escenario donde la sustentabilidad deja de ser optativa, la capacidad de gestionar el impacto ambiental se consolida como una variable clave para la competitividad. Y, en ese proceso, las habilitaciones ya no son un trámite más: son parte del negocio.
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