El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de su agenda de desregulación económica. Esta vez el foco está puesto en el mercado inmobiliario y se prepara un proyecto de ley que busca modificar de manera profunda las condiciones para ejercer la intermediación inmobiliaria en la Argentina.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, ingresaría al Congreso durante las próximas semanas y propone eliminar buena parte de las regulaciones que actualmente rigen la actividad de los corredores inmobiliarios.
Entre los cambios más relevantes figura el fin de la matrícula obligatoria. De aprobarse la reforma, ya no será necesario estar inscripto en un colegio o registro profesional para operar como intermediario inmobiliario. El esquema pasaría a ser voluntario y basado en certificaciones de idoneidad emitidas por instituciones privadas.
Además, el proyecto elimina la exigencia de contar con un título universitario para ingresar o permanecer en la actividad y quita a los colegios profesionales la facultad de sancionar o controlar a los operadores, trasladando los conflictos al ámbito judicial.
Comisiones libres y sin límites territoriales
Otro de los puntos centrales de la propuesta es la eliminación de las restricciones geográficas. Los operadores podrían desarrollar actividades en cualquier provincia sin necesidad de reinscribirse o convalidar matrículas locales.
También desaparecerían los honorarios mínimos y cualquier esquema de aranceles regulados, permitiendo que las comisiones sean acordadas libremente entre las partes.
Según fuentes del Gobierno, el proyecto incluye una cláusula de derogación amplia para eliminar normativas que impongan matrículas obligatorias, requisitos académicos, restricciones territoriales o esquemas de precios mínimos.
La visión de Sturzenegger
El proyecto forma parte de una agenda que el propio Sturzenegger viene defendiendo públicamente desde hace meses. Durante el evento «Real Estate 2026: expectativas y realidad», organizado por Reporte Inmobiliario, el funcionario cuestionó la existencia de honorarios mínimos y la obligatoriedad de matriculación.
“Que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, afirmó. Para el ministro, cuando una regulación fija precios o restringe quién puede ofrecer un servicio, termina transfiriendo ingresos desde la sociedad hacia grupos específicos protegidos por la normativa.
