El Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba expresó su preocupación por el proyecto de desregulación del mercado inmobiliario que impulsa el Gobierno nacional y cuestionó tanto sus fundamentos como sus posibles efectos sobre consumidores y operadores del sector.
Lucas Péndola, presidente de la entidad, sostuvo que la iniciativa parte de una premisa errónea. “Hablar de desregulación del corretaje inmobiliario es no entender absolutamente nada de qué se trata nuestra profesión. Dos ciudadanos pueden realizar una operación inmobiliaria sin intervención de un corredor, por lo que hablar de una posible desregulación ya arranca desde una concepción equivocada”, afirmó.
El dirigente también rechazó el argumento oficial de que la medida permitiría reducir costos para compradores y vendedores. A su entender, la eliminación de la matrícula obligatoria podría generar el efecto contrario y advirtió al respecto: “Abre la puerta a grandes cadenas o multinacionales que, por volumen y posición de mercado, terminen fijando precios«.

Una herramienta de protección
«La matrícula no constituye una herramienta de protección para los profesionales, sino para los usuarios«, remarcó Péndola, acerca de las facultades de la institución para controlar el ejercicio de la actividad y actuar ante eventuales casos de mala praxis.
“El colegio profesional es un paraguas para la sociedad. Si un corredor inmobiliario actúa de manera negligente, se puede intervenir. Si desaparece ese esquema, los conflictos quedarán exclusivamente en manos de una Justicia que ya está colapsada”, señaló.
A su vez, el presidente del Colegio criticó que la iniciativa avance desde el ámbito nacional sobre una actividad regulada por legislación provincial. “Los colegios profesionales surgen de facultades no delegadas por las provincias. Localmente, la actividad está regulada por una ley vigente desde 2007 y creemos que cualquier modificación debería discutirse dentro de ese marco”, indicó. Por lo tanto, desde su opinión el debate debería centrarse en la modernización de las regulaciones existentes y no en su eliminación.
Finalmente, sostuvo que «Córdoba ya enfrenta problemas vinculados al ejercicio ilegal de la actividad a través de esquemas de franquicias y agentes inmobiliarios no matriculados«. Desde su perspectiva, una flexibilización de las condiciones de acceso a la profesión podría profundizar ese fenómeno.
“Van a proliferar estructuras que hoy ya generan preocupación en el sector”, subrayó. Y cerró comentando que la entidad ya analiza distintas alternativas jurídicas ante una eventual aprobación de la iniciativa y confió en que las provincias defenderán sus competencias regulatorias.







