La escalada del conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el estratégico Estrecho de Ormuz ya tienen impacto concreto en la economía argentina. Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, la participación del Estado en la renta agrícola volvió a crecer y alcanzó el 62,5% en marzo de 2026, 6,1 puntos porcentuales por encima de diciembre del año pasado.
En términos prácticos, esto implica que de cada $100 que genera una hectárea, $62,5 se destinan al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. El dato refleja no solo una mayor presión fiscal, sino también un deterioro en la rentabilidad del sector, producto del fuerte aumento de los costos.
“El índice está más que nunca marcado por la coyuntura nacional e internacional”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, al señalar el impacto del encarecimiento del combustible, los fletes y los insumos clave.
Costos en alza y renta en retroceso
El incremento del índice responde a una combinación de factores. Por un lado, subieron con fuerza los costos de producción; por otro, se actualizaron impuestos provinciales y tasas municipales al inicio del año.
“Cuando la renta se achica, los impuestos representan una porción más grande”, resumió Antonella Semadeni.
El informe destaca que los tributos subnacionales ganaron peso: pasaron de representar el 6,4% del total de impuestos a fines de 2025 a casi el 10% en el inicio de 2026. En ese contexto, el Impuesto Inmobiliario Rural registró subas promedio del 79% a nivel nacional, mientras que las tasas municipales aumentaron alrededor del 32%.
A esto se suma el encarecimiento de otros componentes clave: las labores agrícolas subieron un 33% desde diciembre —muy por encima de la inflación estimada— y los fletes aumentaron 8,4% en pesos y 12% en dólares, empujados por el combustible.
El impacto global: fertilizantes y energía
Uno de los factores centrales detrás de este escenario es el aumento del precio de los fertilizantes, especialmente la urea, insumo clave para la producción agrícola.
El conflicto en el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, el 25% del gas y el 50% de la urea— tensionó los mercados internacionales. Como consecuencia, el precio de la urea subió 43% respecto a diciembre y 39% en la comparación interanual.
Este encarecimiento golpea directamente a cultivos con alta dependencia de la fertilización, como el trigo y el maíz. Además, deteriora la relación insumo-producto: actualmente se necesitan 3,9 toneladas de maíz o 3,8 de trigo para adquirir una tonelada de urea, una ecuación menos favorable que un año atrás.
“Todo esto configura un escenario en el que producir requiere cada vez más recursos, reduciendo los márgenes del productor”, advirtió Luz Silvetti.
Cultivo por cultivo: el trigo, en rojo
El análisis por cultivo revela un panorama heterogéneo, aunque con un denominador común: la caída de la rentabilidad.
En soja, el Estado capta el 61,6% de la renta; en maíz, el 56,8%. El girasol presenta una situación más compleja, con un 80,3%.
Sin embargo, el caso más crítico es el del trigo: la carga impositiva alcanza el 104,4% de la renta. “Esto significa que el resultado económico no alcanza siquiera para cubrir el pago de los impuestos”, explicó Fiorella Savarino.
Este dato coloca al cultivo en una zona de fuerte vulnerabilidad, atravesada por el aumento de costos y su alta dependencia de insumos importados.
Brecha provincial
El informe también muestra diferencias entre provincias. Mientras el promedio nacional se ubica en 62,5%, en Córdoba el indicador es de 60,2%, en Buenos Aires 60,4% y en Santa Fe 57%. En el otro extremo, Entre Ríos alcanza el 67,6%, el nivel más alto del relevamiento.
Un escenario cada vez más exigente
El informe de FADA deja en evidencia un escenario complejo para el agro argentino: costos en alza, precios internacionales volátiles y una presión impositiva que gana peso sobre una renta en retroceso.
En ese contexto, la combinación de factores locales —como la actualización de impuestos— con tensiones globales —como la guerra en Medio Oriente— configura un desafío creciente para la competitividad del sector, con el trigo como principal señal de alerta.
