En los últimos dos años, las tasas e impuestos municipales dejaron de ser un fenómeno marginal para convertirse en un vector clave de la competitividad empresarial, la formación de precios y la asignación de inversiones en la Argentina.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) relevó en su Vademécum tributario 2025 la existencia de hasta 155 tributos distintos en el país, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. De ese conjunto, 85 tienen origen municipal, una cifra que exhibe la dimensión de la presión fiscal que ejercen los gobiernos locales.
La distribución de la recaudación tributaria consolidada muestra una fragmentación que impacta en el financiamiento público y en la carga sobre los contribuyentes. Según estimaciones del IARAF, si se consideran los efectos de la ley de coparticipación federal de impuestos y la coparticipación municipal proyectada, por cada $100 que ingresen a las arcas fiscales en 2025, el Tesoro Nacional retendría $25,7, la ANSES recibiría $28,1, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrarían $33,7, mientras que los municipios obtendrían $12,5.
Entre los casos más notorios aparecen la contribución obligatoria por mantenimiento de la red de tránsito pesado que dispuso Avellaneda y la tasa sobre combustibles que comenzaron a utilizar distritos como Pilar, Merlo, José C. Paz, Moreno, Marcos Paz, Escobar y Hurlingham. Además, se sumaron la tasa por libreta sanitaria vinculada a actividades económicas en Berazategui y el derecho por transferencia de inmueble dentro de parques industriales, creado en Azul.
El impacto de las tasas municipales en el costo de financiamiento
La intensificación de la presión tributaria explicó el aumento del costo del crédito durante los últimos años. Las entidades financieras afrontaron subas casi constantes en las alícuotas provinciales y municipales desde 2009, de acuerdo con un informe del IERAL y la Fundación Mediterránea.
Según el análisis, la carga tributaria llegaría a explicar aproximadamente el 44% del costo total del préstamo. En términos concretos, si una persona paga una cuota mensual de un crédito personal que incluye US$ 1.000 en concepto de intereses, en realidad abona US$ 440 correspondientes a impuestos, mientras que los restantes US$ 560 representan la tasa de interés neta aplicada por la entidad financiera.
Entre los gravámenes más relevantes figuran el impuesto sobre créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque, impuestos a los ingresos brutos aplicados sobre operaciones de créditos, y el impuesto de sellos que grava transacciones con tarjetas y otros instrumentos. A esto se suman las tasas municipales por sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio.
«El bajo nivel de bancarización de los últimos 20 años se explica en gran medida por la alta presión impositiva sobre los usuarios de servicios bancarios. La carga impositiva, junto con la pérdida del valor de la moneda, son los principales responsables del bajo nivel de bancarización en nuestro país», agrega el informe.
Las tasas y las zonas con mayor prevalencia
El estudio difundido por la UIA identificó que una de cada tres obligaciones municipales responde a la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH). Este tributo, que impacta de manera directa sobre la actividad productiva y comercial, equivale al 0,7% de la recaudación total si se consideran los tres niveles de gobierno, y representa aproximadamente el 1,8% del precio final de distintos productos alimenticios.
El otro gravamen con fuerte presencia es la Tasa de Habilitación de Actividades Económicas (THAE), utilizada para autorizar formalmente el funcionamiento de los comercios e industrias. Según el informe, la THAE predomina en provincias como Chubut, Tucumán, Santa Fe, Chaco, San Luis, Mendoza y Córdoba. La TISH, en cambio, tiene mayor peso en Buenos Aires y Neuquén.
Además, la tasa de Abasto, un cargo que se cobra sobre los productos alimenticios que ingresan a los municipios con fines comerciales, se mantiene vigente en distritos como Formosa, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes, La Rioja, Misiones y Entre Ríos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el principal tributo de carácter municipal sigue siendo la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).
La encuesta que elaboró la UIA detalló que, dentro de los 45 municipios relevados en la provincia de Buenos Aires, 13 decidieron incrementar las alícuotas de sus tasas durante el período analizado. Otros 31 municipios mantuvieron los porcentajes vigentes y uno solo resolvió aplicar una reducción.
Según los datos recopilados, el porcentaje promedio que abonaban las empresas industriales era de 0,79% en 2022, mientras que en 2024 alcanzó el 0,85%.
La evolución de las tasas municipales entre 2010 y 2023 Un informe difundido por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), elaborado por el IARAF, expuso cómo evolucionó la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) en 30 municipios argentinos durante el período 2010-2023. El estudio reflejó un incremento marcado de la carga tributaria que ejercen los gobiernos locales a través de este tributo.
En promedio, los municipios que aplican la TSH mediante una alícuota registraron un aumento del 19,3%. El impacto resultó todavía más profundo en aquellos distritos que utilizan un monto fijo, donde el ajuste ascendió a un 125%.
Durante la presentación del relevamiento, Mario Grinman, Presidente de la CAC, sostuvo: “El ingenio para recaudar y gastar no tiene límites. Los gobernantes no asumen la realidad de que hay que pagar costos políticos para realizar los cambios que este país necesita. Extreman su imaginación para ver de dónde sacan recursos y el único lugar es el sector privado que no da más”.
Por su parte, Daniel Calzetta, quien preside la Comisión de Asuntos Impositivos de la CAC, subrayó que “la tributación municipal es creciente y cada vez toma la forma de impuestos encubiertos antes que verdaderas tasas”. Además, planteó que, según la postura de la entidad, la carga tributaria debería reducirse. Calzetta afirmó que “el ajuste de los municipios no tiene que hacerse en base a incrementar tasas y crear impuestos que solo complican la actividad económica y el comercio”.
Impacto en los precios e inversiones En un contexto de preocupación creciente por la sustentabilidad del esquema tributario argentino, una encuesta reciente de KPMG Argentina reveló las dificultades que enfrentan las empresas ante el peso de la carga fiscal.
El relevamiento, que alcanzó a más de 100 CEOs y especialistas impositivos de compañías medianas y grandes, permitió dimensionar la incidencia de los impuestos sobre los precios finales y la actividad económica. Con un esquema impositivo ubicado entre los más elevados del mundo, las percepciones recogidas en el estudio describen un escenario que limita la inversión y condiciona el desarrollo empresarial.
El estudio de la consultora identificó que el tributo con mayor impacto negativo sobre las empresas es Ingresos Brutos (IIBB), señalado por el 54,37% de los consultados como el principal factor que encarece los precios de los productos y servicios. De hecho, el tributo fue noticia en las últimas semanas por la decisión de Mercado Libre y Mercado Pago, que aplicarán cargos diferenciados por provincia según el impacto del impuesto a los IIBB en cada jurisdicción.
El segundo impuesto más distorsivo para las empresas es el Impuesto a las Ganancias, seguido por otras imposiciones como las tasas municipales, que completan el cuadro de presión fiscal.
El análisis también evidenció que 93% de los ejecutivos y especialistas considera que el esquema tributario actual no estimula la inversión. Bajo esta percepción, muchas empresas permanecen atrapadas en un ciclo de desinversión. Por ejemplo, Banco Nación puso en marcha un plan de ajuste que prevé el cierre de 60 sucursales en todo el país. La entidad informó que estas medidas de “reordenamiento operativo” buscan optimizar recursos y mejorar la eficiencia. Según estimaciones oficiales, la decisión permitirá un ahorro superior a los $1.000 millones.
Los responsables de la “tragedia fiscal”
Matías Olivero Vila, presidente de Lógica ONG, una asociación civil dedicada a promover la conciencia tributaria, atribuye la responsabilidad de que la Argentina figure entre los países con mayor presión impositiva a los poderes legislativos y ejecutivos en sus tres niveles de gobierno. Sin embargo, también señaló que existe un “ecosistema fiscal” que resultó funcional a esa situación, integrado por instituciones clave como el Poder Judicial, las autoridades fiscales, el sector empresario y la ciudadanía en su conjunto.
Olivero Vila explicó que “existe un aspecto de la actuación judicial que sí incide en la política tributaria, dado que los jueces han sido, en general, cada vez más tolerantes con los excesos cometidos en las normas por los poderes políticos”. “Estos poderes han ido sancionando normas o regímenes cada vez más violatorios de los principios constitucionales, en especial del derecho de propiedad, asumiendo que aquellos jueces tienden a forzar sus interpretaciones para que el poder político termine imponiendo su voluntad, sea por cuestiones de fondo, procesales o por los tiempos involucrados”, completó.
A su vez, agregó que “la percepción generalizada de los contribuyentes es que existe un alto riesgo de que poco o nada suceda cuando llevan sus casos a la justicia, y que aun los fallos contrarios al Estado, en general, son escritos con limitaciones para que el perjuicio sea más digerible para el fisco”. En la misma línea, continuó: “Al no existir límites judiciales contundentes ante claras violaciones constitucionales, esos poderes políticos fueron corriendo cada vez más los límites”.
