En medio del debate por la reforma laboral en Argentina, que acaba de recibir media sanción en Diputados, Ricardo Luconi, copropietario de la cadena de supermercados Luconi Hermanos —con fuerte presencia en Río Tercero y la región—, expuso la mirada del sector supermercadista y de las pequeñas y medianas empresas del interior productivo. Su diagnóstico es contundente: la legislación actual quedó desactualizada frente a las dinámicas del mercado laboral moderno y genera un escenario de incertidumbre que desalienta la contratación formal.
Luconi sostiene que la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), vigente desde hace décadas, no refleja los cambios en los hábitos laborales ni la aparición de nuevas modalidades de trabajo. “No tiene que ser una ley que le sirva a un bando, tiene que ser una ley que le sirva al empleado, que le sirva al empleador y que le sirva al país”, afirmó en dialogo con Córdoba Federal por 90Radio.
Una ley “desconectada” de la realidad operativa
Desde la experiencia cotidiana de gestionar personal en una empresa con múltiples sucursales y decenas de empleados, el empresario advierte una brecha entre el debate político y la realidad de quienes administran equipos de trabajo.
Uno de los ejemplos que menciona es el régimen de vacaciones. La normativa exige períodos continuos de 14, 21, 28 o 35 días, según la antigüedad. Sin embargo, en la práctica —según explica— muchos empleadores y trabajadores acuerdan fragmentar esos días para adaptarlos a necesidades familiares y operativas. “Son acuerdos de mutuo beneficio que ya existen de hecho, pero que la ley no contempla con claridad”, señalan desde el sector.
Otro punto es la jornada laboral. Frente a versiones sobre posibles jornadas extendidas, Luconi defiende la implementación de un sistema de “banco de horas” que permita redistribuir la carga semanal. Por ejemplo, trabajar más horas de lunes a jueves para reducir o eliminar la jornada del viernes o sábado, siempre dentro de un esquema acordado. Según indica, este tipo de modalidad ya funciona en áreas administrativas y podría formalizarse para dar previsibilidad.
Litigiosidad e indemnizaciones: el principal freno
El eje más sensible para el empresario es el impacto del sistema de indemnizaciones y la litigiosidad laboral. “Hay juicios laborales que terminan fundiendo a la empresa privada y la justicia es cómplice en esto”, afirmó con dureza.
En su visión, el esquema actual genera un “condicionante terrible” al momento de tomar nuevo personal. El temor a enfrentar demandas que puedan derivar en costos elevados o incluso en el cierre del negocio opera como un freno directo a la expansión del empleo formal.
“A todos nos hacen falta más empleados, pero uno le agarra miedo porque termina en un juicio laboral o en un conflicto”, sostuvo. Ese “miedo a contratar”, según describe, es una realidad extendida entre las PyMEs, que son las principales generadoras de empleo en el país.
Informalidad estructural
Luconi vincula la necesidad de una reforma con el alto nivel de informalidad laboral, que distintas estimaciones ubican entre el 40% y el 50%. Para el empresario, el actual marco normativo no incentiva la registración, sino que empuja a muchos empleadores a esquemas precarios ante el riesgo jurídico.
En ese sentido, plantea que la modernización laboral no debería interpretarse como una disputa ideológica, sino como una herramienta para ampliar el empleo en blanco. El objetivo, asegura, debe ser generar condiciones que protejan tanto al trabajador como al empleador, y que permitan incorporar a miles de personas al sistema formal sin temor a consecuencias desproporcionadas.
Críticas a la dirigencia política
El empresario también cuestionó el proceso de discusión parlamentaria. A su entender, el debate suele quedar atrapado en “negociaciones de conveniencia” y en disputas partidarias que dejan de lado la productividad y el desarrollo nacional.
Luconi remarca que muchas veces quienes legislan no han gestionado empresas ni administrado personal, lo que genera una desconexión con la problemática real del sector privado. Además, advierte sobre visiones sesgadas en el tratamiento mediático y en las discusiones políticas provinciales o municipales.
Una reforma “estructural”
Desde la perspectiva de Luconi y del sector supermercadista regional, la reforma laboral debería apoyarse en tres pilares: reducir la litigiosidad para evitar cierres de empresas; formalizar prácticas de flexibilidad que ya funcionan en la práctica; y reconstruir la confianza para que el empleador vuelva a contratar.
Para el empresario, el desafío no es elegir entre “empleado o empleador”, sino construir un marco normativo que equilibre derechos y obligaciones. En un contexto económico complejo, concluye, la modernización laboral es vista por el sector privado no como una opción política más, sino como una condición necesaria para reactivar la inversión, sostener a las PyMEs y generar empleo genuino en el interior productivo.
